Hace ya un tiempo que no tengo relación personal directa ni con el ayuntamiento de Palma, ni con el Consell de Mallorca, ni con ninguna conselleria del Govern Balear. Sin embargo, mantengo una red muy nutrida de amigos, desde periodistas a empresarios, de miembros de asociaciones ciudadanas a organizaciones sin fin de lucro, que está en contacto prácticamente permanente con diversos departamentos de nuestras instituciones públicas. La narrativa unánime –¡unánime!– que hacen de su experiencia es que estamos tocando suelo, que nunca antes habían visto una degradación tal de nuestras instituciones, que la incompetencia e inoperancia son de dimensiones jamás vistas en el pasado. Entre esta gente varía su nivel de resignación, pero la descripción es básicamente coincidente. Casualmente, esta semana un periódico local constataba la situación catastrófica en la que se encuentra el ayuntamiento de Palma, literalmente incapaz de adjudicar los servicios más elementales, donde uno de cada tres contratos está paralizado.

Las razones por las cuales nuestras instituciones públicas están bloqueadas son diversas y complejas. No todo este desastre se gestó en un día porque, como se imaginan, también la destrucción del sistema exige su tiempo, sobre todo en manos de gente inútil. Yo, a partir de lo que conozco, me atrevo a apuntar algunas de las razones para haber llegado a esto.

Nuestras instituciones siempre funcionaron mal, pero muchos funcionarios y cargos electos preferían saltarse los obstáculos usando el sentido común y su buena fe con el objetivo de que aquello funcione

En primer lugar, esto no habría ocurrido sin un marco legal completamente absurdo. Muchas leyes, la mayor parte en el caso de las autonómicas, simplemente son incumplibles. Nuestros políticos, a cambio de un titular positivo en la prensa, aprueban normas que someten al poder público a disposiciones ridículas que conducen inexorablemente a la parálisis. Algunos ejemplos: en la búsqueda de lo políticamente correcto, todo contratista del poder público en Baleares tiene que cumplir ciertas normas –como usar bombillas de bajo consumo, respetar la igualdad de género o reciclar la basura– que, siendo loables en sí mismas, son inaplicables. ¿Cómo puede el Govern certificar si El Corte Inglés, como proveedor, usa bombillas de bajo consumo? ¿Dónde? ¿Y si no las usara pero generara su propia electricidad mediante aerogeneración qué haríamos? ¿Cómo puede una empresa que limpia la escuela de Inca, generalmente una sociedad unipersonal, demostrar que no discrimina por razón de género, cuando todo su personal de limpiezas son mujeres? Al final, todo este absurdo hace que la empresa profesional, responsable y rigurosa pueda quedar excluida en beneficio del caradura a quien tanto le da declarar que es ecologista, progresista o solidario, sabedor de que jamás nadie comprobará si eso es verdad, porque el poder público no tiene ni puede tener inspectores para certificar tanta tontería. Hace unos meses, desesperado, el máximo responsable de una institución de Baleares me confesaba que tenía que echar a un magnífico proveedor de un servicio de bar para dar entrada a una empresa multinacional que cumplía perfectamente el pliego de condiciones pero que, estaba seguro, jamás iba a cumplir nada de lo que prometía y, además, daría un servicio más malo y caro.

En segundo lugar, la organización interna de las instituciones es caótica, porque la ley de la Función Pública conduce a ello. Todo el sistema es burocrático, rígido, ineficaz, de forma que podemos tener y de hecho tenemos departamentos totalmente paralizados porque las áreas que los nutren de trabajo carecen de personal para procesar la documentación. Así, es frecuente que áreas, a veces integradas por docena de trabajadores públicos, no hagan nada porque a otra sección le falta un empleado. Nada permite una reasignación de los recursos, sea cuales sean las consecuencias.

Con el respeto que merecen como personas, se puede decir con propiedad que es muy frecuente que nos gobiernen los más tontos.

Tercero: nuestras instituciones siempre funcionaron mal, pero muchos funcionarios y cargos electos preferían saltarse los obstáculos usando el sentido común y su buena fe con el objetivo de que aquello funcione. Pero eso hoy es pasado. Ahora se trata de respetar la literalidad de la norma aunque ello equivalga a que todo se bloquee. Las redadas policiales a la búsqueda de corruptos, en la mayor parte de las ocasiones perfectamente justificables, en algunos casos completamente disparatadas, han conducido a que nadie quiera separarse de la literalidad de la norma, paralizando aún más nuestras instituciones.

Y, finalmente, por encima de todo esto, nos encontramos con la increíble incompetencia de nuestros cargos electos. Probablemente por la inercia de tiempos pasados, durante los primeros años de la Transición los políticos tenían un cierto nivel: eran personas capaces, de valía, aptos para asumir la gestión de áreas de importancia, aunque por supuesto había excepciones. En la actualidad, en paralelo a la degradación de la vida política, las competencias de nuestros gestores se han degradado hasta alcanzar límites bochornosos. Con el respeto que merecen como personas, se puede decir con propiedad que es muy frecuente que nos gobiernen los más tontos. Como consecuencia, eso produce un amoldamiento de los funcionarios que se adaptan a lo que tienen delante: incapaces de conseguir que sus jefes entiendan algo, se conforman con resolver su situación personal y buscarse la vida fuera del servicio público. Aún hay muchos empleados públicos que se mantienen al pie del cañón pero, carentes de dirección, tienden a abandonar los retos más conflictivos de su trabajo.

Normas absurdas, estructuras anquilosadas, funcionarios desmotivados y políticos incompetentes explican que Baleares esté paralizada. ¿Para qué pedir dinero o competencias a Madrid, si no sabríamos qué hacer con ellas? ¿Entienden por qué el balance de los cuatro años de Bauzà fue cero, empatando con el cero que ha producido del actual gobierno? Nada sobre nada. Porque ni uno solo de los retos de fondo de nuestra región se pueden abordar, ante la incapacidad operativa institucional.

A cambio, nos quedan las declaraciones rimbombantes, los exabruptos y, sobre todo, el espectáculo. Muy triste, desde luego.

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