La inmigración y el asilo están, indiscutiblemente, en el centro del debate político europeo y, por extensión, en el español y en las Islas Baleares. Alemania, uno de los principales destinos para aquellos que buscan un refugio o una mejor vida, ha demostrado recientemente un esfuerzo para controlar y regular su política migratoria, con medidas que, aunque controvertidas, buscan poner orden en un sistema saturado con la propuesta de expulsión masiva de inmigrantes.
Sin embargo, en España, la situación toma un matiz distinto. A pesar de haberse convertido en 2022 en el cuarto país de la OCDE que más inmigrantes permanentes legales recibe, las acciones del Gobierno han dejado mucho que desear en cuanto a coordinación y transparencia con las Comunidades Autónomas.
Las CCAA gobernadas por el PP han expresado su profunda preocupación por lo que consideran «deslealtad institucional». Y es que ser notificado con apenas 24 horas de antelación sobre el reparto de miles de migrantes por todo el territorio español no es solo una muestra de falta de previsión, sino también de respeto y coordinación con entidades autonómicas que son piezas fundamentales en el tejido administrativo y social del país.
Si bien el Ministerio de Migraciones argumenta que la competencia en materia migratoria es estatal, no se puede desconocer la importancia de mantener una comunicación fluida y transparente con las CCAA. La llegada y asentamiento de inmigrantes no es solo una cuestión de estadísticas o números. Implica también una integración social, cultural y económica en las comunidades que los acogen.
Desestimar las preocupaciones de las CCAA, especialmente en un tema tan delicado y complejo como la inmigración, es desestimar la voz y el sentir de una parte significativa del país. Si España realmente quiere ser un líder en cuanto a políticas migratorias en Europa, debe comenzar por fortalecer el diálogo interno, respetar las competencias y responsabilidades de cada entidad y, sobre todo, actuar con una previsión y coordinación adecuadas.