Matas llega a un acuerdo en el caso Over y admite prevaricación, malversación y fraude

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha llegado a un acuerdo en el caso Over, que investiga el presunto uso de fondos públicos para “beneficiar” a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007.

Al ser preguntado acerca de si reconocía los hechos y aceptaba las penas, el también ex ministro ha dicho que “absolutamente”.

Así lo ha manifestado este lunes ante el tribunal de este juicio, que tiene lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. El propietario de Over Marketing, Daniel Mercado, también ha llegado a un acuerdo, así como otra de las acusadas. El ex conseller de Interior, José María Rodríguez, no lo ha aceptado.

Matas ha aceptado la comisión de los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación y ya ha abonado su parte de la responsabilidad civil que se le pedía, que es de unos 9.500 euros.

Así, Matas ha aceptado que la pena de cárcel, que ha sido rebajada a dos años y medio de prisión respecto a la petición inicial, sea sustituida por una multa.

“FALTA DE COMPETENCIA OBJETIVA”

En otro sentido, el abogado de Rodríguez ha señalado que su defendido es aforado por lo que se produce una “falta de competencia objetiva” para ser investigado por el juzgado que lo ha hecho.

En respuesta tanto el representante del Ministerio Fiscal, Miguel Ángel Subirán como la de la Abogacía de la Comunidad autónoma, María Dolores Berrocal, han explicado que esto no es así y, en contra de lo que esgrimía el abogado, no ha habido “indefensión material”. Respecto a esto, además, Berrocal, ha dicho que cuando se inició la instrucción Rodríguez “ya no gozaba de ese privilegio”.

A este respecto, la presidenta del Tribunal, Mónica de la Serna, ha señalado que la petición de la defensa de Rodríguez es “extemporánea” y “susceptible de vulnerar la buena fe procesal”. Rodríguez se enfrenta a una pena de cinco años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

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