La orden para desalojar okupas busca proteger “derechos que afectan a todos”

Fiscal Bartomeu Barceló

El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, ha explicado este martes que la instrucción emitida para desalojar okupas sin necesidad de solicitar medidas judiciales es para proteger “derechos que afectan a todos” como son “el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad privada y, por otra parte, el derecho a una vivienda digna”.

Ante los medios de comunicación frente a la Audiencia Provincial de Balears, Barceló ha explicado que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional le habían planteado que tenían dudas a la hora de la aplicación de la ley y que, para aclararlas, ha procedido a emitir la orden. “No me habían pedido una instrucción pero sí cómo se tenía que actuar en determinados casos de desalojo”, ha expresado.

En concreto, la Fiscalía emitió dicha orden este lunes. Mediante esta, los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden actuar directamente y de forma inmediata para llevar acabo desalojos “sin necesidad de solicitar medidas judiciales” cuando la okupación de un inmueble “revista características de delito”.

En el escrito, se explicita que podrán desalojar a los ocupantes ilegales y llevar a cabo su detención, si procede. También se detalla que “solo cuando existan dudas sobre la naturaleza delictiva de la conducta se solicitarán previamente las medidas judiciales”.

Según ha dicho Barceló, lo que quieren evitar es que “si una persona se va de viaje o permanece ingresada” unos días en el hospital, vuelva a su casa y “esta se encuentre okupada” como, según ha asegurado, “ya ha pasado”.

Tal como ha remarcado, es un problema que “se ha ido agravando” y, aunque la ley sigue siendo la misma, alguien debía interpretar las normas”.

Sobre el uso de la fuerza, Barceló ha dicho que “todo es cuestión de proporcionalidad” y, si es necesario el uso de la fuerza, esta debe ser “proporcional y la mínima indispensable”.

Por otra parte, Barceló ha remarcado que la instrucción parte de la Fiscalía Superior de Baleares y que ha sido revisada por la Fiscalía General del Estado.

Además, ha dicho que es la primera instrucción de “estas características” que se ha dado en España.

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