Europa advierte que no se pueden prohibir los coches de gasolina o diésel

gasolina

Palo de la Unión Europea (UE) a los estados miembros que propugnan prohibir la comercialización, matriculación o circulación de automóviles nuevos impulsados por motores alimentados con combustibles fósiles (gasolina y diésel).

La comisaria de Industria, Mercado Interior, Emprendimiento y Pymes de la UE, la polaca Elzbieta Bienkowska, ha remitido una carta oficial para responder a una pregunta realizada, también oficialmente, desde el Parlamento de Dinamarca. Los representantes del pueblo danés, ante las dudas planteadas sobre estas limitaciones medioambientalistas y de forma previa a continuar los trámites de las propuestas legislativas de su propio gobierno y de los grupos parlamentarios daneses sobre el particular, reclamaron aclaraciones a la máxima responsable europea de la materia.

Y la respuesta de Elzbieta Bienkowska ha sido que no se puede prohibir unilateralmente desde ningún estado ni institución de ningún país de la Unión Europea la venta, matriculación o circulación de coches que utilizan gasolina o diésel.

Bienkowska escribe, textualmente, que “bajo la actual normativa de homologación de la Unión, una prohibición completa de la comercialización, importación y matriculación de coches nuevos de gasolina y diésel en un Estado miembro no es compatible con la ley de la Unión Europea”.

Esta misiva nubla de enormes dudas los anuncios realizados, entre otros, por los gobiernos de Francia, Reino Unido, Irlanda y Holanda y, sobre todo, la aplicación efectiva de la Llei 10/2019 de 22 de febrero de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears, aprobada por nuestro Parlament y en vigor desde hace medio año.

Los anuncios políticos de estos gobiernos y, en concreto, la ley balear ya en vigor señalan diversas fechas para prohibir la venta de coches nuevos de gasolina y diésel, aunque permitirían la circulación de los ya matriculados en fechas anteriores. En el caso de nuestra comunidad, el veto se aplicaría desde el inminente 2025 a los vehículos diésel y desde 2035 a los de gasolina.

La carta oficial de la Unión Europea, por tanto, deja claramente determinado que la Llei del Canvi Climàtic de les Illes Balears, en el apartado que se refiere a prohibir la comercialización y matriculación de nuevos coches diésel y gasolina a partir de 2025 y 2035, respectivamente, es imposible e inaplicable con la normativa europea ahora vigente.

La comisaria Bienkowska, no obstante, no cierra la puerta a un cambio en el futuro de estas leyes europeas. Por ello “invita personalmente a una discusión en el Consejo en la cual estaré encantada de participar”.

Según fuentes de Bruselas, la Unión no permitirá que cada país aplique unilateralmente sus propias medidas restrictivas sobre la eliminación de los vehículos movidos a través de combustibles fósiles ya que eso bloquearía el mercado interno de compraventa de automóviles, lo que provocaría un colapso industrial, empresarial y comercial.

El objetivo es que todos los países compaginen sus iniciativas legales, acompasen la entrada en vigor de las medidas medioambientales y eso suponga, paralelamente, una adaptación de todas las empresas fabricantes y sus centros de producción para alcanzar los objetivos de limitación de forma simultánea en la globalidad de los territorios de Europa y, con ello, evitar el colapso industrial.

Bienkowska, asimismo, recuerda que lo que sí permite la actual normativa de la Unión Europea es que las ciudades restrinjan la circulación de vehículos gasolina o diésel en determinadas zonas para evitar la contaminación atmosférica, como es el caso del discutido plan denominado Madrid Central de la ya ex alcaldesa Manuela Carmena.

Desde Baleares, de la carta de la comisaria polaca, se puede concluir que la prohibición a los coches nuevos diésel en 2025 y de gasolina en 2035 de nuestra Llei de Canvi Climàtic dependerá finalmente de una hipotética ley europea que, hoy por hoy, no ha empezado ni a tramitarse.

Otra opción de posible aplicación de la norma balear se fundamentaría en que la Unión Europea extienda la actual normativa restrictiva a los coches gasolina y diésel que pueden ejecutar las ciudades a territorios más amplios, como podrían ser islas o, incluso, comunidades autónomas enteras.

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