Frente común entre las islas mediterráneas para exigir a la UE la compensación de la insularidad

Armengol UE

Las regiones insulares de Balears, Córcega, Cerdeña y Gozo han firmado este martes una declaración para que la Unión Europea compense los efectos de la insularidad mediterránea con un marco legislativo con componentes centrados en las islas, la creación de grupos específicos de trabajo o la adaptación de ciertas leyes estatales de cada región en concreto.

Según ha informado la presidenta del Govern en un comunicado, en este acto político conjunto en Bruselas, que ha impulsado Balears, es la primera vez que se trata el concepto de “insularidad mediterránea”.

En concreto, se refieren a una situación específica de territorios con problemas de conexión en el continente, dificultades logísticas derivadas de esta circunstancia, retos comunes como garantizar que la presión humana y turística sea compatible con la protección de un territorio frágil y la responsabilidad de hacer de puerta entre continentes y territorios del sur de Europa.

El objetivo es fortalecer la unión de estos territorios para que se puedan establecer nuevos criterios de cohesión territoriales a partir de 2020, cuando se abre un nuevo escenario político y normativo.

LA INSULARIDAD: “FUENTE DE OBSTÁCULOS”

En la declaración, los cuatro territorios recalcan que “la insularidad es una fuente de obstáculos estructurales, naturales y permanentes que tienen como resultado un amplio abanico de carencias y fracasos del mercado”.

Las diseconomías de escala, las escasas infraestructuras de redes, las interrupciones físicas y digitales o los costes adicionales para empresas y ciudadanos son algunos de los ejemplos que se exponen.

Por ello, se exige adaptar los esquemas de ayudas estatales para hacer frente a las restricciones específicas de las islas, en particular a áreas donde los retos de las islas periféricas son más evidentes. Por ejemplo, el transporte, la conectividad digital, las redes de energía o la gestión de los recursos naturales.

Para hacerlo posible, reclaman la constitución de grupos de trabajo específicos para las islas en el Consejo de la Unión Europea y unidades en las direcciones generales de la Comisión Europea donde los problemas insulares sean más evidentes.

“Lo que perseguimos, en definitiva, son medidas compensatorias necesarias para que los ciudadanos de nuestras islas consigan una calidad de vida y de trabajo en igualdad de condiciones a la de los territorios continentales y, nuestras empresas, una mejora de su competitividad”, ha subrayado Armengol, y ha abogado “al espíritu europeo de solidaridad”.

Los objetivos de la declaración están relacionados con las tres patas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas a la Agenda 20-30.

En este sentido, Armengol ha matizado que se trata de “retos que afectan la sostenibilidad ambiental, social y económica” y que también están vinculados a las grandes crisis globales como “la emergencia climática, los conflictos sociales y las desigualdades económicas que están detrás de los grandes movimientos migratorios”.

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