Hacienda no responde a la revuelta por el impago del IVA

ministra de Hacienda

El Ministerio de Hacienda no ha ofrecido ninguna alternativa a las comunidades autónomas tras el impago de los 2.500 millones del IVA de 2017 y se enfrenta a un reguero de denuncias en los tribunales por parte de los gobiernos regionales del PP, pero también de al menos dos socialistas, Castilla-La Mancha y Aragón, dispuestos a presentar la denuncia si no hay pago.

El resto de comunidades socialistas apuestan más por la negociación que por un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque los ejecutivos de Balears y de Asturias no descartan “ninguna vía”. Ambos gobiernos entienden que esos fondos les “pertenecen”, en palabras de la consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba, y que deben recibirlos de alguna manera, sea por vía administrativa o judicial.

La Generalitat Valenciana, La Rioja y Extremadura no hablan de momento de un recurso en los tribunales y confían en el diálogo que mantienen con Hacienda, al que varias comunidades han remitido cartas reivindicando el dinero.

En juego, 2.500 millones de euros correspondientes a 2017 que las autonomías tenían que haber ingresado en 2019. Desde el Ministerio se insiste en que no es posible ya cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio liquidado, insisten fuentes del departamento a Europa Press. Montero lo dejó claro el martes e insistió en trasladar la culpa al anterior Gobierno del PP, por la maniobra de 2017, y a quien no apoyó los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, en los que se solucionaba la cuestión.

Ante este panorama, las comunidades del PP van a seguir los pasos de Madrid, que recurrió el año pasado en la Audiencia Nacional para cobrar 377 millones del IVA de 2017. El recurso fue admitido a trámite y sigue su curso. Galicia, Andalucía y Murcia han acordado ya también llevar a los tribunales sus exigencias. Castilla y León de momento estudia el asunto.

El gallego Alberto Núñez Feijóo explicó este jueves el procedimiento, que arranca con el envío al Gobierno de un requerimiento previo para que responda en el plazo de un mes. “Si no lo hace o da una respuesta negativa, inmediatamente presentaremos un recurso contencioso administrativo, es decir, lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno”, constató.

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