El Govern aprueba medidas con un impacto previsto de 3.500 millones de euros y 31.000 empleos

El Consell de Govern, reunido este miércoles con carácter extraordinario, ha aprobado un decreto ley con medidas urgentes para afrontar la crisis del coronavirus, con las que calcula un impacto de 3.509,8 millones de euros sobre la economía de las Islas, un 7,5 por ciento del PIB, así como la movilización de 31.089 puestos de trabajo, el 6 por ciento del mercado laboral.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha declarado durante la presentación del decreto que el Ejecutivo ha recogido propuestas de diferentes instituciones, entidades y grupos políticos, y ha insistido en que se trata de medidas “excepcionales y temporales”.

El decreto incluye la agilización de diversos trámites administrativos y la concesión de ayudas, a través de declaraciones responsables por parte del solicitante. No requerirán de licencia, previa, sino que se podrán hacer con una declaración responsable, cambios estructurales, rehabilitaciónes integrales, reformas internas, cambios de distribución interna o demoliciones. No será necesario licencia ni comunicación previa para obras interiores de escasa entidad.

Seguirán quedando sujetas a licencia previa actuaciones como obras de nueva construcción, instalación de nueva planta, movimientos de tierra, tala de masas arbóreas y parcelaciones, entre otras.

Con el decreto, instalaciones como alojamientos turísticos podrán ejecutar proyectos de ampliación para adaptarse a las exigencias sanitarias, instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos o mejorar la eficiencia energética, siempre que la superficie edificada no aumente más de un 15 por ciento. También podrán acogerse otro tipo de instalaciones, como establecimientos de ocio.

A preguntas de los medios, Armengol y los consellers Juan Pedro Yllanes (Podemos) y Fina Santiago (MÉS) han asegurado que esta actuación “no tiene nada que ver” con la conocida como ‘Ley Delgado’ porque con el decreto aprobado este miércoles no se permite incrementar plazas turísticas ni alturas y se limita al suelo urbano.

Santiago ha declarado que MÉS ha aprobado este decreto y ha pedido no ajustar la valoración del conjunto a un artículo. La consellera ecosoberanista ha subrayado que el texto ha sido fruto de una negociación política con instituciones, grupos y entidades de la sociedad balear. “Pretender que un partido se vea completamente reflejado en un decreto ley es no entender el diálogo”, ha zanjado.

RECONVERSIÓN DE HOTELES OBSOLETOS
Entre otras medidas del decreto, los hoteles obsoletos podrán cambiar su uso para ser convertidos en viviendas de protección oficial, equipamientos de investigación y desarrollo o servicios sociosanitarios, dando de baja plazas turísticas. En las zonas maduras, también podrán acogerse otro tipo de edificaciones obsoletas, como antiguos edificios de oficinas o talleres.

Por otro lado, este año se permitirá la actividad de la construcción durante el verano sin las limitaciones habituales por la ley de contaminación acústica, si bien los ayuntamientos que lo deseen podrán mantener la restricción. También se regula la colaboración voluntaria de los ayuntamientos con colegios profesionales para acelerar la tramitación de licencias.

SE ATRASA LA PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
Igualmente, se atrasa la entrada en vigor de la prohibición de comercialización de productos de plástico de un solo uso (como vajillas de plástico) aprobada en la Ley de Residuos, originalmente prevista para el 1 de enero de 2021; se prohíbe iniciar nueva actividad turística en viviendas unifamiliares de Palma hasta el 31 de diciembre de 2021; y se prohíben los autodispensadores de bebidas alcohólicas a disposición de los clientes en actividades turísticas.

Asimismo, el decreto fomenta la instalación de nuevas empresas en el entorno del Parc Bit; apoya las actividades de construcción y mantenimiento de embarcaciones; refuerza la lucha contra el intrusismo en el sector del transporte, facilitando la inspección de incógnito y herramientas para combatir los ‘taxis pirata’; estimula la implantación de energías renovables y su sector auxiliar; y se reducen las tasas portuarias para favorecer la continuidad del transporte de mercancías.

IMPUESTO DE TURISMO SOSTENIBLE
Además, se suprimen o reducen los pagos a cuenta o parciales en el impuesto de turismo sostenible, sólo para el ejercicio 2020, “para que los hoteles no tengan que pagar por turistas que no han recibido”, según el conseller Yllanes. Asimismo, los recursos de proyectos no iniciados del fondo de turismo sostenible se podrán destinar a inversiones para afrontar la crisis sanitaria.

En cuanto a las subvenciones, hasta el 31 de mayo de 2021 se reduce a menos de 15 días la tramitación y aprobación de las bases reguladoras y se flexibilizan los plazos para la ejecución de proyectos y justificación de gastos. Se entregarán anticipos a la entidad subvencionada y en facturas inferiores a 3.000 euros no será necesaria una justificación tan detallada como hasta ahora. También se posisibilitará reformular proyectos subvencionados debido a la situación “extraordinaria” que se ha generado.

FLEXIBILIDAD INTERDEPARTAMENTAL DE FUNCIONARIOS
El decreto también permitirá una mayor flexibilidad de los funcionarios entre departamentos de la Comunidad Autónoma, de manera que los empleados de un departamento puedan apoyar a otro en función de la demanda de servicios -como ha ocurrido con la tramitación de los ERTE-. Los inspectores públicos, independientemente de su sector, podrán actuar en cualquier tipo de inspección para comprobar el cumplimiento de las declaraciones responsables.

Adicionalmente, se facilita la contratación de trabajadores de empleo, fundamentalmente para reforzar el servicio de empleo y la renta social garantizada. La consellera de Asuntos Sociales ha argumentado que los expertos esperan un repunte en octubre y es necesario “estar preparados”. Por ello se está pidiendo a los funcionarios que disfruten sus vacaciones en agosto.

COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADORES DE DEPENDIENTES
En materia social, el decreto aprueba una compensación económica para familiares y cuidadores no profesionales de personas dependientes, debido al cierre de los centros de día, ya que “todavía no hay garantías de que se puedan abrir”, como ha indicado Santiago. Esta ayuda económica, por unos cuatro meses, será de entre 143 y 290 euros dependiendo del grado de dependencia. También se agiliza el plan individual de atención a la dependencia, de manera que bastará la firma del trabajador social.

En las ayudas a vivienda, se exime a los arrendatarios de la acreditación de depósitos de fianza hasta el 31 de diciembre de 2020, para que no queden fuera de las ayudas si el propietario no realiza el trámite. Por otro lado, se agiliza la financiación de los servicios sociales comunitarios básicos y la acreditación de los servicios que se concierten.

Finalmente, en materia de salud, entre otras cuestiones, el decreto fomenta la producción de equipos de protección en Baleares, donando material primario a las empresas que lo quieran fabricar o un anticipo económico para la compra de ese material.

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