El Govern marca el objetivo de la reactivación económica para los presupuestos del 2021

Armengol y sus consellers
Armengol y sus consellers

El Govern ha iniciado este sábado el procedimiento para elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021 con el fin de contribuir a la reactivación y con el compromiso con políticas de bienestar social, ante el impacto sanitario, social y económico de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Según ha informado Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores este sábado en una nota de prensa, la consellera Rosario Sánchez ha firmado la orden por la cual se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos autonómicos para el año próximo, la cual ha sido publicada este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

Al respecto, ha explicado, la elaboración de las nuevas cuentas, en las cuales ya trabaja la dirección general de Presupuestos, se ha iniciado con dos objetivos, “reforzar las políticas de bienestar social (sanidad, educación y protección social)” y “priorizar los procesos y proyectos que mejor contribuyan a la efectiva reactivación social y económica”.

Asimismo, ha señalado que, a pesar de elaborarse en un contexto de impacto de la pandemia, el proyecto de los presupuestos “asegurará la suficiencia de los recursos para llevar a cabo políticas nucleares de la acción de gobierno, centradas en proveer servicios públicos que garanticen el desarrollo social y humano en condiciones de equidad y eficiencia (salud, educación e inclusión)”.

“Así como las políticas de fomento y medidas de protección de las familias y pequeñas empresas, de dinamización del mercado de trabajo y del empleo, de impulso de procesos de diversificación del modelo productivo, de transición hacia un modelo energético sostenible, o de modernización de la función pública”, ha añadido la orden firmada por la consellera Sánchez.

En esta línea, ha insistido, de cara a 2021, será “prioritario” el despliegue “eficaz y urgente” de las medidas contenidas en el Pacto para la Reactivación y la Diversificación Económica y Social de las Islas para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia COVID-19.

Con todo, ha asegurado que, desde un punto de vista estratégico, el proyecto de gobernabilidad recogido en los Acuerdos de Bellver, está plenamente vigente y ha acontecido imprescindible en la actual coyuntura, junto con el compromiso con el desarrollo de la Agenda 2030 y de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Govern, ha insistido la Conselleria, afronta estas cuentas en un contexto de impacto presupuestario por los efectos de la COVID-19 y con el fin de obtener vías de financiación, entre ellas a través de fondos europeos y de transferencias extraordinarias procedentes del nuevo fondo de reconstrucción de la Unión Europea, así como del Estado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por otro lado, en relación a la financiación autonómica, un año más se ha iniciado la elaboración de los presupuestos autonómicos con la incertidumbre de la reforma pendiente del actual sistema, la cual tendría que dotar a Baleares “de más recursos de acuerdo con su capacidad fiscal o, en todo caso, en correspondencia al esfuerzo fiscal continuado que esta comunidad autónoma ha realizado durante las últimas décadas en aras de la solidaridad interterritorial”.

Otro punto establecido por la orden ha sido, ha detallado, que las administraciones y organismos públicos, así como sus propios entes instrumentales, tendrán que incorporar nuevamente la perspectiva de género en el diseño de sus políticas, y tenerla en cuenta en los estudios y estadísticas, con el fin de hacer visible el trabajo y la presencia de las mujeres en nuestra sociedad.

Además, como ya se hizo en el ejercicio anterior, siguiendo la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, la Conselleria competente en materia de menores tendrá que promover una evaluación integral de todas las políticas relacionadas con la infancia.

Finalmente, la Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos, ha incorporado instrumentos de participación ciudadana en el proceso de elaboración presupuestaria.

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