El Parlament valida el decreto de sanciones sin ningún voto en contra

El pleno del Parlament ha validado este martes sin ningún voto en contra el decreto que fija las sanciones por incumplir las medidas sanitarias en Balears y que tipifica entre las infracciones más graves la comercialización de fiestas en las que se produzcan aglomeraciones, ya sea en espacios públicos o en domicilios privados.

El decreto ha salido adelante con los votos a favor de PSIB, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, el Grupo Mixto y Ciudadanos y la abstención de PP, El PI y VOX.

Tanto el PP como El PI habían pedido la tramitación del decreto como proyecto de ley pero el pleno lo ha rechazado con 25 votos a favor y 30 en contra.

El decreto sancionador ha salido adelante entre las críticas tanto de los grupos que apoyan al Govern como de los que ya habían anunciado su voto favorable, como Cs, por su “improvisación” y la “falta de concreción” y las “lagunas jurídicas”.

En su intervención, la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha asegurado que se trata de una norma “flexible” pero que supone dotar a la Administración de una “buena herramienta” para la agilización de procedimientos.

Castro ha recalcado que el Govern no tolerará que el “incivismo” de una minoría estropee lo que han conseguido con su esfuerzo la mayoría de los ciudadanos de Baleares.

La consellera ha sido tajante en lanzar un mensaje de “tolerancia cero” con quien no cumple las medidas sanitarias y de protección porque está en juego la salud y la economía de los ciudadanos de las Islas.

CRÍTICAS A LA “IMPROVISACIÓN”

El decreto validado este martes en la Cámara autonómica fue aprobado por el Consell de Govern del pasado día 10 de julio y prevé sanciones de hasta 600.000 euros por incumplir las medidas sanitarias.

Así, según la norma en Balears es obligatorio el uso de mascarilla en la vía pública en todo momento cuyo incumplimiento puede acarrear una multa de hasta 100 euros.

Precisamente el apartado sancionador es el que ha generado más “preocupación” entre los grupos parlamentarios, incluso entre los que han dado su voto favorable al decreto.

En este sentido, la portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha cuestionado las “lagunas” de la norma. Guasp ha expresado su preocupación por la graduación de las sanciones así como por la interpretación de los sancionadores, como ya ocurrió con las sanciones por saltarse el confinamiento por lo que ha vaticinado que “muchas sanciones no prosperarán”.

Cs ha justificado su apoyo al decreto ante la “gravedad” de la situación y porque las medidas de contención y la obligatoriedad del uso de mascarillas “debes ir acompañadas de un régimen sancionador”.

Por su parte, la diputada del PP Maria Núria Riera ha criticado la “improvisación” del Ejecutivo autonómico al obligar al uso de mascarilla después de mantener “hace un mes que no generaba sensación de seguridad”.

Sin embargo, Riera ha asegurado que “no basta con la mascarilla” si los vuelos de Barcelona llegan “llenos” y sin control sanitario al mismo tiempo que el gobierno catalán “recomienda no salir de casa”.

La diputada popular ha criticado que desde que el Govern tiene las competencias tras el levantamiento del estado de alarma “no se ha hecho nada” y la única medida es un régimen sancionador cuyas infracciones están contempladas en otras resoluciones.

En esta línea, Riera ha pronosticado que las sanciones se recurrirán y muchas no llegarán a abonarse.

Por su parte, el portavoz de El PI, Josep Melià, también ha criticado la “ambigüedad” en la definición de los comportamientos sancionables. “¿Qué es desde el punto de vista jurídico una aglomeración?”, se ha preguntado tras expresar igualmente sus dudas en cuanto a las cuantías de las sanciones.

Melià ha criticado también que el decreto genera una duplicidad de competencias, por ejemplo, en cuanto a los horarios de cierre de los locales, que dependen de los ayuntamientos.

El portavoz de El PI ha señalado que un decreto que contiene una limitación de los derechos fundamentales requiere de una tramitación que permita la participación y las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Igualmente crítica con la norma ha sido la diputada de VOX Idoia Ribas que ha señalado que el Govern pretende “cargar y sancionar a los ciudadanos” el descontrol generado en la “incapacidad” en la gestión de la pandemia.

Para Ribas, por medio de este decreto “pagan justos por pecadores” y ha asegurado que muchos negocios y establecimientos “se verán abocados a la ruina” por el comportamiento de otros y el “cierre arbitrario” ordenado por el Ejecutivo autonómico.

La diputada de Vox ha criticado también el “amplio margen interpretativo” de la norma, que puede generar “abuso de poder”.

APOYOS ENTRE DUDAS

Por parte del Grupo Mixto, la diputada Silvia Tur ha criticado, a pesar de su voto favorable, que el decreto “llega tarde” porque, ha asegurado, muchos de los comportamientos que son motivo de sanción ya llevan tiempo produciéndose.

Tur ha calificado de “desmesurada” la posibilidad de que un establecimiento sea obligado a cerrar durante tres años, “cuando lo que se quiere perseguir es un hecho puntual en un momento puntual”.

Para la diputada el decreto es “inoperante” porque prevé que las sanciones se impongan en el ámbito local pero se instruyan por parte del Govern. En este sentido ha pronosticado que “en un mes” se tendrá que modificar “por su falta de operatividad”.

La portavoz de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha reclamado al Govern un mayor ejercicio de difusión y recordatorio de la “gravedad de la situación”, más todavía cuando pase el verano.

Sans ha indicado que la norma “ayudará a prevenir” porque nadie quiere contraer la enfermedad ni que ningún familiar se contagie.

La diputada de Unidas Podemos ha recordado que algunos ayuntamientos, ante las imágenes de excesos, ante pedido “contundencia”.

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha lamentado que un sector de la población “todavía entienda solo el lenguaje de las sanciones y de cuando le tocan el bolsillo”.

Ensenyat también ha pedido al Govern que no abandone el camino de la “educación” y de la “corresponsabilidad” social.

La diputada del grupo Socialista Pilar Carbonero ha destacado en su intervención que Balears es la primera Comunidad Autónoma en aprobar una norma de estas características y que otras regiones ya están preparando textos similares.

Carbonero ha destacado que el decreto es “necesario e urgente” por el efecto disuasorio que “evitará muchos contagios”.

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