Las medidas de Govern tomadas para proteger el contagio del COVID–19 debido del turismo de exceso

opinión Nicolás Emery con logo

En distintas charlas con empresarios y clientes de la zona afectada comentan, no pocos de ellos, que han realizado inversiones importantes para cumplir la normativa sanitaria contra el covid-19. Es más, muchos de ellos han solicitado ya, o están en trámite, las subvenciones públicas disponibles por inversiones realizadas en medidas de protección.

Siendo rigurosos, y dicho con todo el respeto, creemos que, si se ha cumplido con la normativa sanitaria por parte de estas empresas, entonces la medida de cierre parece excesiva, sobre todo cuando uno se da cuenta con la lectura del decreto del pasado miércoles, que el alcance de la medida afecta a comercios como estancos, tiendas de alimentación, etc. Estos comercios no tienen incidencia sobre la oferta turística y respuesta de la demanda.

En conversación con dos empresarios de la zona de Palma Nova, uno de ellos se quejaba de que la policía le había llamado la atención por tener un cliente a las 2:15 am en el local mientras que el otro empresario intentaba hacerle ver que las normas se han de cumplir. Es decir, si la hora de cierre está estipulada a las 2:00, entonces a las 2.15 no tiene que haber nadie. Puso el ejemplo de los pubs británicos, los cuales preavisan a los 10 minutos de la hora de cierre y, una vez tomada la última pinta de cerveza, los clientes marchan tranquilamente. Está claro que existe una imposibilidad material de alcanzar el control absoluto del cumplimiento de las normas, dado que la autoridad policial no puede alcanzar a supervisar en todo momento todos los locales abiertos al público. Quizás sería conveniente crear turnos de vigilancia diaria y horaria para que, al menos cada dos o tres días, los locales de ocio y los clientes se sientan vigilados de verdad. Un ejemplo de esta actuación con efecto disuasorio sería la mera presencia policial en las rotondas (sin necesidad de establecer controles efectivos) o la existencia conocida de radares con control fotográfico de velocidad. El conductor está en guardia y con esas medidas ya se evitan accidentes y con un presupuesto reducido. Por eso creo que la implantación de un plan de estas características podría ser positiva, reduciendo los recursos humanos necesarios, y consiguiendo evitar medidas tan drásticas como los cierres zonales. De esta forma, la gente podría divertirse cumpliendo las medidas de seguridad y salud. Otro ejemplo a seguir sería la ordenada celebración de la consecución del título de liga por parte del Real Madrid hace escasos días, que sucedió sin incidentes ni contravención de las normas.

Como ya decía el alcalde de Calvià en una reciente entrevista en Radio Calvià FM, estamos de acuerdo en que se tenían que tomar medidas, pero personalmente creo que se han adelantado a la realidad sanitaria del momento. Muchas empresas, que han realizado un esfuerzo importante para abrir sus locales, ahora se encuentran en una situación económica peor a la que tenían en la situación de cierre de actividad económica, dado que ya no puede solicitar un ERTE por fuerza mayor y a los trabajadores fijos discontinuos tienen que mantenerlos en las condiciones del Convenio del sector.

Como profesional del derecho entiendo que es obligatorio analizar cada supuesto concreto antes de emitir una opinión jurídica, si bien no dudo en animar a los empresarios que han visto cerrados sus negocios a que reclamen responsabilidades económicas a la administración Balear, que es la que ha tomado la medida, por los perjuicios que estas medidas les acareen. Y deben recordar que, para ello, deberán presentar la reclamación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de la medida, acompañándola de un Informe económico que motive y justifique la cuantía de sus pérdidas, más por una falta de previsión del Govern que la medida en particular tomada.

Cabe puntualizar que la medida tomada no afecta solamente a los locales de la calle Punta Ballena, sino que tiene alcance al interior del perímetro de la zona marcada en la Ley 1/2020 de 17 de enero. Las aplicaciones para esta zona afectada son, por un lado, la reducción del aforo del local -limitando el mismo a la utilización de la terraza del local, con reducción, parecido a la fase II-; la limitación en el uso de recipientes de tamaño superior a 600 cc -lo supone que no se puede servir una jarra de sangría durante la cena ni siquiera en un hotel-; la limitación del tamaño de pajitas…

Todo esto está muy bien, pero el local que está cumpliendo con las normas sanitarias también se ve afectado al suponerle una reducción de su capacidad productiva, creando situaciones de exceso de contratación (de personal, de servicios o de mercaderías…) que se traducirán en perdidas irrecuperables para el empresario y darán sin duda lugar a cierres empresariales y destrucción de empleo para temporadas futuras. Al igual que los empresarios de las zonas afectadas por el cierre, estos también han realizado inversiones importantes para seguir adelante con su actividad empresarial si bien, de haber sabido que a los 5 minutos de haber empezado este partido las normas iban a cambiar tan drásticamente, se hubieran pensado dos veces jugarlo y abriendo sus negocios.

La decisión del gobierno Balear de cerrar establecimientos turísticos utilizando el COVID–19 como excusa es una traición al pequeño y mediano empresario, que sufrirá sus consecuencias en corto plazo, y también para los trabajadores, que pueden quedar fuera del mercado laboral y con la prestación por desempleo (paro) consumida hasta más allá de diciembre 2020. Se pueden prever ya las colas de empresarios a las puertas del juzgado para liquidar sus empresas debido a la adopción de estas medidas gubernamentales precipitadas y sin previa valoración de su impacto económico real, las cuales, OTRA VEZ, han venido a romper los planes que los empresarios estaban llevando a cabo para tratar de salir de la situación generada por la pandemia.

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