Carreras de rally: ¿Listos para correr?

Opinión Nicolau Vidal Cubi

Cualquier montañero mallorquín podrá contaros una historia similar. Es domingo por la tarde, ya hace frío y llegamos al coche, que hemos aparcado en Sa Font d’es Noguer. Dejamos la mochila, estamos cansados después de todo el día caminando por la sierra. Nos cambiamos de ropa y comemos algo. Ya no queda nadie, el sol declina tras la Serra de Cúber. ¿Nadie? ¡Ojalá no quedara nadie!

Cuando emprendemos la carretera hacia Lluc, dos coches tuneados aparecen por el retrovisor, en paralelo y a gran velocidad. El ruido es horrendo. En mi caso, rabioso por el sobresalto, planto mi coche justo en la mediana y conduzco a 10km/h. Saco el móvil por la ventana y grabo como los conductores, frustrados, hacen rugir sus motores y me pitan en señal de protesta. Cuando la situación se vuelve insostenible, vuelvo a mi carril, momento en que soy violentamente adelantado entre insultos y sonidos de bocina. El ruido de sus motores reverbera entre mis montañas.

Cuando me paro en el parking del Gorg Blau para llamar a la Guardia Civil, aparcan 5 o 6 coches de carreras de los que se bajan unos sujetos que me increpan y me amenazan con darme una paliza si me atrevo a tocar el móvil. Me obligan a borrar los videos delante de ellos (incluso de la papelera de Google Fotos) y hacen que me marche. Entre las prisas y los nervios no recuerdo las matrículas de sus odiosas carracas.

Lo que he descrito no es un secreto. Los vecinos del Puig Major están totalmente hartos de tener que aguantar carreras ilegales en las inmediaciones de la montaña. Y es que, prácticamente cada fin de semana, por la tarde-noche cuando casi no queda nadie, el tramo de carretera que discurre entre el Mirador de ses Barques y el túnel del Gorg Blau se transforma en una pista de carreras ilegales. Basta fijarse en las marcas de neumáticos que adornan la mayoría de curvas para imaginarse la violencia de los derrapes y la velocidad a la que se circula.

Se trata de un delito contra la seguridad vial que viene produciéndose desde hace decenas de años sin que las autoridades hayan hecho casi nada al respecto. Los vecinos han montado incluso una plataforma de afectados. Recientemente fueron oídos por el Conseller Insular de Movilidad e Infraestructuras, quien entendió que el problema principal eran las motos en la curva d’es Mirador de ses Barques y se limitó a reducir la velocidad máxima, prohibir los adelantamientos y a colocar unas ridículas rugosidades que, muy teóricamente, limitan la velocidad a 50km/h en ese tramo.

Si bien las motocicletas no se quedan cortas, el problema de los coches persiste unos kilómetros más arriba.

Así, cuando los afectados y montañeros interpelan a los políticos insulares acerca de esta problemática, la respuesta general suele ser una evasiva. Como si todos ellos estuvieran disputando una carrera cuya meta fuera la competencia para tomar medidas, pero el objetivo fuera llegar el último. La pelota va rebotando de tejado en tejado sin que nada se haga. El Consell de Mallorca -sin competencia para ordenar la vigilancia de carreteras, pero con capacidad para expropiar miles de m2 y construir autopistas-, pasa el relevo a la DGT que, como no tiene competencia, no sabe ni contesta.

Las únicas administraciones que parecen preocupadas por la realidad de estas prácticas son los Ayuntamientos de Tramuntana. Con pocos recursos, una orografía complicada y la carencia -real- de competencias, se han visto obligados a tener que ver sus carreteras transformadas en pistas de rally.

Y más allá del peligro para la circulación y el descanso de los vecinos -que no es poco- está la protección de la sierra. Estas montañas -protegidas en casi todos los sentidos- se ven indefensas ante una clase de contaminación contra la que poco se puede hacer salvo eliminar su fuente; la acústica. El sonido de estas prácticas ilegales es tan abrumador que yo mismo me he despertado mientras pernoctaba en la cima del Puig Major debido al rugir de los motores. He llegado a escuchar los coches desde la cima de Cornadors, que se encuentra a SIETE kilómetros de la carretera.

Escalar requiere de permiso por motivos “medioambientales” pero hacer sonar un motor a siete kilómetros a la redonda -con la perturbación de la fauna que ello implica-, no.

Con todo, se trata de una incongruencia más de la legislación que afecta a estas montañas, dejadas de entender como un lugar habitado para pasar a ser únicamente un escaparate para turistas… o un parque de atracciones para que los sin escrúpulos hagan rugir sus motores, con total impunidad, claro.

 

 

 

 

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