El Tribunal Supremo sentencia a UGT Balears a devolver más de 90.000 € recibidos de la Unión Europea

El Tribunal Supremo ha sentenciado que el sindicato socialista UGT Balears a devolver más de 90.000 euros recibidos desde la Unión Europea, y a través del Govern de les Illes Balears, para impartir cursos de inserción laboral. Un dinero gastado, pero nunca justificado de manera fehaciente por parte de UGT.

También las patronales CAEB y PIME esperan sentencias del Supremo por no haber justificado la utilización correcta, según el Govern, de las respectivas subvenciones de sus cursillos laborales.

Fuentes gubernamentales señalan que la sentencia que obliga al sindicato UGT a devolver los fondos públicos no justificados deberían ser similares en los casos de CAEB y PIME.

La lentitud judicial de todo este proceso remonta el inicio del conflicto que ahora está a punto de cerrarse en el muy lejano mes de septiembre de 2008.

En aquel momento, el Govern del segon Pacte de Progrés de Francesc Antich, firmó con las patronales y el sindicato UGT los respectivos contratos para utilizar los fondos concedidos desde Europa en medio de la crisis económica de aquel momento con el buen propósito de llevar a cabo cursillos laborales con el objetivo de dar una segunda oportunidad a trabajadores en situación de desempleo y a inmigrantes sin formación llegados a nuestra comunidad. Un buen propósito que ha acabado, años más tarde, en todo lo contrario de lo que pretendía.

Las autoridades de la Unión Europea cortaron el grifo de las subvenciones a Balears al comprobar que estos fondos se desvanecían en contratos y subcontratas oscuros que alejaban al control público del destino final y verdadero del dinero llegado desde Bruselas para ayudar a los más necesitados.

Tanto CAEB, como PIME y UGT no impartían los cursos de manera directa, sino que los traspasaban a otros institutos, empresas y organizaciones opacas y fuera del control directo de las autoridades para que los llevaran a cabo. Una práctica que la Unión Europea rechazó por completo.

Esta situación obligó al Govern popular de José Ramón Bauzà a poner en marcha la Abogacía de la Comunitat para reclamar judicialmente la justificación del destino de las subvenciones o, si esto no sucedía, el retorno de los fondos públicos.

Después de más de doce años de litigios judiciales, y ya con el segundo Govern de Francina Armengol en el Consolat de la Mar, el Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente el caso que afecta a UGT: el sindicato socialista tiene que devolver aquello que gastó y que nunca llegó a justificar. Ahora CAEB y PIME esperan su turno.

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