Sebastià Rubí: “Que el Estado no cumpla sus obligaciones asumidas por ley merece una respuesta del Constitucional”

El profesor en Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Sebastià Rubí, ha asegurado que “que el Estado no cumpla sus obligaciones asumidas por ley merece una respuesta del Constitucional”.

Así se ha pronunciado Rubí en el programa ‘4 Directe’ de CANAL4 Ràdio en referencia a la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso inconstitucionalidad del Parlament contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por no atender el hecho insular.

Así, sobre los plazos de respuesta, Rubí ha destacado que “el Constitucional podría decidir que es un tema que hay que resolver con urgencia porque afecta a la supervivencia económica de Balears y más teniendo en cuenta la pandemia”.

El profesor de Derecho Constitucional de la UIB ha recordado que “la insularidad está en la Constitución” y ha añadido que “el Gobierno hizo un decreto ley, una norma de extraordinaria urgencia y necesaria pero esto no se ha reflejado dentro de la Ley de Presupuestos, y esto supone una contradicción del Gobierno”.

Sin embargo, Sebastià Rubí ha admitido que “es un tema muy complejo, hay muy pocos casos y ejemplos de inconstitucionalidad por omisión ya que el Gobierno deja de legislar sobre una materia que está obligado a legislar”.

Además, el invitado ha señalado que “la complejidad no es solo la inconstitucionalidad por omisión, también porque la norma que se impugna es de vida breve, la ley de Presupuestos tiene una vida de un año, acabará el 31 de diciembre de 2021”.

Con todo, Rubí tiene claro que “la situación merece una respuesta del Constitucional, el tribunal debería entrar en el fondo de la cuestión” y ha afirmado que “en caso de confirmarse que efectivamente han incumplido la Constitución, tendrá efectos para los próximos presupuestos”.

Por otro lado, sobre el aval de TSJIB sobre las nuevas medidas del Govern, el experto en Derecho Constitucional ha afirmado que “si avaló medidas más restrictivas, avalará estas que lo son menos” y ha añadido que “la Fiscalía se opone por una razón que yo comparto que es que sin la declaración del estado de alarma, no es posible limitar derechos fundamentales de las personas”.

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