debate político de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de
mayo. Armengol se afana en repetir una y otra vez sus exiguos logros tras ocho
años en el Consolat, que ni siquiera se creen sus socios de gobierno. Desde Més
y Podemos, conscientes de la situación, intentan desmarcarse del PSIB con
propuestas extemporáneas, como las viviendas contenedor, la creación de una
inmobiliaria pública de alquiler o la posibilidad -inviable por ley – de
prohibir la venta de viviendas a aquellos que no sean residentes.
La realidad es que el Govern ha dilapidado dos legislaturas
en materia de vivienda, pensando que el problema en nuestra comunidad se resolvería
con el anuncio de unos pocos centenares de pisos de protección oficial, de los
que, a día de hoy, se han construido muchos menos de los anunciados. En 2018,
el Govern de izquierdas se vanagloriaba de aprobar la primera Ley de Vivienda
autonómica, un texto cuya medida estrella era la expropiación de viviendas a
bancos o fondos buitre. Cinco años después, el Govern solo ha conseguido 16
viviendas a través de tan cacareada acción. Todo un logro.
La emergencia habitacional en nuestra comunidad debería ser
una cuestión de Estado y quedar al margen de las disputas partidistas. Los
residentes en las islas debemos hacer el doble de esfuerzo económico que un
peninsular para adquirir una vivienda y el alquiler alcanza cotas prohibitivas
para un salario normal. Las consecuencias las padecen directamente los
ciudadanos de Baleares, con incidencia especial entre los más jóvenes y las
familias con menos recursos, pero el encarecimiento del acceso a una vivienda
también condiciona la llegada de trabajadores a las islas, a los que no les
sale a cuenta venir a nuestra comunidad.
El acceso a una vivienda digna y a un precio asequible es un
derecho universal que la acción política debería facilitar, como reza el
artículo 47 de nuestra Constitución. Nuestros
políticos tienen trabajo por delante, porque poco o nada se ha hecho en los
últimos años.
