Andrés Lasaga
Tras una legislatura sin hacer nada en política de vivienda, el presidente Pedro Sánchez ha mutado en promotor inmobiliario a poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales del 28M. En el acto que marcaba el pistoletazo de la campaña del PSOE, al que fallaron la mayoría de sus barones, Sánchez anunció la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido popularmente como ‘banco malo’. En pocas horas, el anuncio del presidente quedó desmontado por la realidad. De estas viviendas, solo 9.000 están en condiciones de ponerse en el mercado con cierta celeridad, previo pago, eso sí, de los diferentes gobiernos autonómicos, que tendrán que asumir el coste. Si hablamos de Baleares, el anuncio de Sánchez se concreta en un centenar de viviendas. Vamos, la panacea para la escasez de vivienda y los precios desorbitados de ésta en nuestra comunidad.
Tres días después y aprovechando el escaparate del Congreso, durante una comparecencia voluntaria para hablar de política internacional, el presidente Sánchez subía la puja y anunciaba la construcción de 40.000 viviendas más para ofertar como alquiler accesible, como si levantar casas fuera algo que puede hacerse de un día para otro y él tuviera la varita mágica para construir urbanizaciones. Anuncios electorales que se lleva el viento y retratan el vacío de gestión.
La realidad es que solo en Baleares hay un déficit de entre 30.000 y 40.000 viviendas, según los expertos, para equipararnos a la media europea de vivienda de alquiler y, sobre todo, para afrontar el crecimiento demográfico que aventura el INE para los próximos 20 años en nuestras islas. La lista de espera para acceder a una vivienda de promoción pública en nuestra comunidad supera las 8.000 personas y ni el Govern, ni el Consell de Mallorca, ni el Ajuntament de Palma, los tres en manos de la izquierda durante los último ocho años, han hecho nada para resolver el problema de la vivienda.
Todo lo contrario, con decretos de desclasificación de suelo, alguno de ellos aprobado en plena pandemia, o el Plan General de Cort aprobado esta semana, en el que se reducen las hectáreas de suelo urbanizable, las instituciones públicas son las primeras tensionar el mercado inmobiliario y poner trabas. Por no hablar del tiempo para tramitar cualquier licencia de construcción, que supera los dos años y hace que el promotor acabe desistiendo. La política de vivienda ha sido el gran paradigma de la política de propaganda y eslóganes que ha definido la gestión del Govern Armengol en los últimos ochos. El autoproclamado Govern de la Gent ha dejado sin techo a muchos jóvenes, familias y trabajadores que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible y se ven obligados seguir viviendo en casa de sus padres, compartir pisos, dormir en caravanas o hacerlo en viviendas infra habitables.
