En el debate electoral celebrado ayer en el CESAG, la actual presidenta del Govern Balear y candidata a la reelección, Francina Armengol, demostró poca habilidad para esquivar una cuestión incómoda. Un estudiante planteó una pregunta directa y relevante: ¿Cómo planea Armengol abordar el problema de las okupaciones, que ha visto más de 300 casos desde 2022 hasta la fecha?
Armengol, lejos de ofrecer una respuesta clara y directa, eligió evadir y minimizar el problema. Atribuyó las okupaciones principalmente a las propiedades de los bancos y defendió la nueva ley de vivienda que, según ella, busca alternativas para aquellos que ocupan estas propiedades o viviendas no habituales. Sin embargo, esta respuesta no sólo es insatisfactoria, sino que también revela una desconexión preocupante con la realidad de muchos ciudadanos.
El hecho de que muchas okupaciones se produzcan en propiedades bancarias no las hace menos problemáticas. Para poner un ejemplo, lo que está ocurriendo en estos días en todo el país no son okupaciones realizadas por familias sin recursos, sino por bandas organizadas que atemorizan a los vecinos residentes en las barriadas afectadas. Al fin y al cabo, una okupación ilegal sigue siendo eso: ilegal. La ley debe ser respetada y, en este caso, claramente no lo está siendo. La presidenta Armengol parece estar más interesada en proteger a los okupantes ilegales que a los propietarios legítimos de las viviendas, una postura que no sólo es injusta, sino que también puede tener consecuencias desastrosas a largo plazo.
Además, Armengol parece estar confundida acerca de la jurisdicción de las comunidades autónomas en este asunto. Si bien es cierto que la ley permite a los tribunales y a la policía actuar rápidamente en casos de okupación, también es cierto que las comunidades autónomas tienen un papel que desempeñar. Como líder del gobierno regional, Armengol tiene la responsabilidad de trabajar con las autoridades locales y nacionales para abordar este problema de manera eficaz.
Finalmente, es importante señalar que el partido político de Armengol, el PSIB, es el mismo que acaba de aprobar una ley a nivel nacional que protege la okupación de viviendas. Esta ley, lejos de solucionar el problema, podría empeorarlo al enviar un mensaje de que la okupación es tolerada e incluso protegida por el gobierno. Esta es una señal peligrosa que podría alentar a más personas a okupar propiedades ilegalmente.
En resumen, la actitud de la presidenta Armengol hacia las okupaciones es profundamente preocupante. Su evasión de la pregunta directa de un estudiante y su aparente indiferencia hacia el problema de la okupación ilegal son indicativos de un liderazgo inadecuado y una falta de responsabilidad. Los ciudadanos de las Islas Baleares merecen un líder que no sólo se tome en serio sus preocupaciones, sino que también esté dispuesto a abordarlas de frente. Lamentablemente, parece que Armengol no es esa líder.
