Tras los resultados electorales del pasado 23 de junio, el independentismo catalán ha puesto sobre la mesa algunas de sus peticiones de cara a la negociación para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Entre las demandas iniciales presentadas por Junts y ERC, se encuentran la condonación de la deuda adquirida mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y la exención de participar en el Fondo de Solidaridad Interterritorial, lo que representaría un agujero considerable en las cuentas públicas, con un total de 20.000 millones de euros.
Sin embargo, la petición que el independentismo catalán ha defendido desde hace años es la de un convenio económico similar al cupo vasco, que les permitiría tener Hacienda propia y acceder a los mercados como un Estado de facto. Un economista y director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha estimado que esta demanda podría llevar a una reducción de hasta el 12% de la financiación autonómica para el resto de las comunidades españolas, lo que afectaría negativamente a servicios públicos esenciales como la Sanidad y la Educación.
El FLA, creado en 2012 para ayudar a las comunidades autónomas en quiebra, ha sido una herramienta utilizada por Cataluña y otras regiones para obtener financiación cuando no podían acceder a los mercados. Mientras tanto, el sistema de financiación actual para las comunidades de régimen general se basa en impuestos cedidos y una parte proporcional del Estado, incluida en los Presupuestos Generales con dos años de antelación para su liquidación y equilibrio. Además, el sistema incluye un fondo de compensación interterritorial para fomentar la solidaridad entre las regiones.
El sistema de financiación autonómica se renueva cada cinco años, pero la última reforma tuvo lugar en 2009 y no fue satisfactoria para la mayoría. El Gobierno de Mariano Rajoy no logró llevar a cabo la siguiente reforma debido a los desafíos del presidente catalán Artur Mas.
En respuesta a las demandas independentistas, la nueva consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío López Ibor Albert, advirtió sobre los riesgos de condonar la deuda de Cataluña, argumentando que esto enviaría un mensaje negativo sobre la solvencia de las administraciones públicas españolas y afectaría a todas las comunidades autónomas.
El debate sobre la condonación de la deuda catalana y la reforma del sistema de financiación autonómica está caldeando las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez, con distintas opiniones y reacciones por parte de las diferentes comunidades autónomas. El Gobierno de Sánchez parece estar dispuesto a explorar una reforma del sistema de financiación, mientras que otras voces argumentan que condonar deuda no es lo mismo que abordar una reforma real y justa para todas las regiones.
El Gobierno Balear no está dispuesto a que la condonación de la deuda a Cataluña implique desigualdad
El Gobierno Balear ha expresado su posición respecto a la posibilidad de condonar la deuda a Cataluña durante las negociaciones para formar gobierno entre el PSOE y los partidos catalanes. Desde la Conselleria d’Economia i Hisenda, han advertido que si se concede el perdón de la deuda a Cataluña, también debe aplicarse de manera lineal a todas las comunidades autónomas que tienen deudas con el Estado. El Govern considera que esta medida debe ser justa y equitativa para todas las regiones, evitando generar desigualdades.
Baleares es una de las comunidades autónomas que se acogió a los fondos facilitados por el Estado, y a fecha del 30 de junio de este año, su deuda total asciende a 8.991 millones de euros, de los cuales 4.913 millones corresponden al Estado. Esto representa el 54,68 % del endeudamiento global de las Islas, según datos estadísticos de la Conselleria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado la posibilidad de condonar la deuda a Cataluña y ha destacado la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación, que está caducado desde 2014. Sin embargo, el Govern considera que esta medida no debe tratarse solo en una negociación bilateral entre el Estado y Cataluña, sino que debe abrirse un debate con todas las comunidades autónomas.
Para abordar este tema, el Gobierno Balear propone que se realice en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las comunidades autónomas pueden discutir asuntos relacionados con la economía. Consideran que este organismo es el ámbito lógico para debatir sobre la condonación de deudas y analizar sus implicaciones.
El elevado endeudamiento de la Comunitat tiene varias causas, siendo una de las más destacadas la infrafinanciación que sufre Baleares, lo que ha llevado al Gobierno Balear a recurrir al endeudamiento para poder cubrir los servicios básicos y necesidades de los ciudadanos.
