El Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez se enfrenta a un fuerte desafío por parte de las comunidades autónomas, que están llevando a cabo audaces reducciones de impuestos para aliviar la carga fiscal sobre sus ciudadanos. En un contexto político marcado por la apertura de la temporada política, es evidente que estas medidas fiscales están provocando una brecha cada vez mayor entre el Ejecutivo central y las regiones, especialmente en las Islas Baleares, donde el Gobierno autonómico liderado por Marga Prohens del Partido Popular está adoptando una postura decidida en apoyo a estas reformas.
La última comunidad en sumarse a esta ofensiva fiscal es La Rioja, donde el Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones del pasado mayo. En un movimiento sin precedentes, La Rioja ha anunciado una bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, afectando a padres e hijos que residen en la región. Esta reducción, que antes se limitaba a bases liquidables de hasta 400.000 euros, se justifica como una medida para eliminar un impuesto considerado anacrónico y confiscatorio. El Gobierno riojano reconoce que esta no será su última reforma fiscal en la legislatura.
Otras ocho regiones, incluyendo Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia, ya han implementado recortes fiscales que hacen que sea más económico legar bienes que en las comunidades forales. La mayoría de estas regiones están gobernadas por el Partido Popular en solitario o en coalición, lo que refleja una creciente oposición a la política fiscal del Gobierno central.
Estas comunidades autónomas argumentan que la eficiencia recaudatoria no se logra necesariamente a través del aumento de impuestos. En el caso de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, también buscan evitar penalizar a quienes hacen legados a sus hijos o bienes que ya han tributado a través de otros impuestos, como el IRPF, IBI, AJD, IVA y las plusvalías municipales.
Baleares, bajo el liderazgo del Gobierno autonómico presidido por Marga Prohens, ha seguido esta tendencia y aprobó un decreto en julio de 2023 que modificó significativamente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Esta reforma incluye una bonificación del 100% en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones aplicable a las adquisiciones hereditarias, así como la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes menores de 30 años que adquieran su primera vivienda.
Esta oleada de recortes fiscales en varias comunidades autónomas contrasta fuertemente con la propuesta del Gobierno central de crear nuevas tasas e impuestos. Mientras las regiones buscan estimular la actividad económica, atraer inversiones y aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, el Gobierno de Sánchez parece enfocado en aumentar la recaudación a través de medidas impositivas adicionales.
A medida que se abre la temporada política, la distancia entre las políticas fiscales de las comunidades autónomas y el Gobierno central se vuelve más evidente. Los defensores de estas reformas argumentan que buscan el bienestar de sus ciudadanos y la reactivación económica, mientras que los críticos señalan la falta de coordinación y unidad en la política fiscal del país. En las Islas Baleares, el respaldo del Gobierno autonómico a estas rebajas de impuestos es un claro desafío al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, y plantea preguntas sobre la dirección futura de la política fiscal en España.
