Lo que asistimos hoy no es sino un claro indicativo del deterioro paulatino de las estructuras democráticas que han sostenido nuestro país desde 1978. La reciente propuesta de ley de amnistía, duramente criticada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), no es solo un síntoma, sino un claro mensaje de que las fundaciones sobre las que se sostiene nuestra nación están siendo erosionadas, y quizás, intencionadamente.
Los acontecimientos en Cataluña a partir del 1 de octubre de 2017 sacudieron el tejido social y político español. Actos que, en su esencia, desafiaron la orden constitucional y la convivencia pacífica entre los ciudadanos, ahora están siendo reevaluados bajo el oscuro prisma de la conveniencia política. ¿Es esto lo que merecen las generaciones que lucharon por una España democrática y libre?
La APM, en su comunicado, resalta algo fundamental: la labor de los jueces españoles está en peligro. Y no solo eso, sino también el prestigio del Poder Judicial. ¿Qué significa para España si desafiamos y deslegitimamos a la misma institución que garantiza el imperio de la ley?
Pero hay un punto más siniestro detrás de esta propuesta: la percepción pública. Si se avanza con esta ley, el mensaje para el ciudadano medio es claro: el Estado puede y será manipulado por intereses políticos. Las condenas ya no serán el resultado de hechos y leyes, sino de conveniencias y pactos oscuros. Se desvanece la fe en que la justicia es ciega y se consolida la percepción de que puede ser comprada o manipulada.
Las razones que esgrime la APM son claras y contundentes: la propuesta vulnera la igualdad, cuestiona la labor judicial y, lo más alarmante, deslegitima el Estado de Derecho.
Algunos argumentarán que tales movimientos son necesarios para la «paz» y la «reconciliación», pero ¿a qué precio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la integridad de nuestra Constitución y nuestro sistema judicial por un momento de calma política? Y si es así, ¿qué nos garantiza que esta «paz» no es simplemente la calma antes de una tormenta aún más grande?
La decisión está en manos de nuestros líderes y representantes. Pero más allá de decisiones políticas, lo que está en juego es el alma misma de nuestra democracia. Es un cruce de caminos que determinará si seguimos siendo una nación regida por leyes y principios, o si nos desviamos hacia el peligroso sendero del oportunismo y la manipulación.
Solo el tiempo dirá la dirección que tomaremos, pero la advertencia de la APM no puede, y no debe, ser ignorada. Por el bien de nuestra democracia, de nuestra Constitución y, sobre todo, de nuestro pueblo.
Texto integro del comunicado de la APM:
«La Asociación Profesional de la Magistratura nació con el firme compromiso de velar por la independencia y el prestigio del Poder Judicial, por la defensa de los principios reconocidos en nuestra Constitución y, en definitiva, para preservar el Estado de Derecho, con pleno respeto a la separación de poderes y al imperio de la ley.
Llevamos mucho tiempo alertando sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho. Asistimos a una constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes. Escuchamos demasiadas voces de nuestros representantes políticos que cuestionan el sometimiento de todos, poderes públicos y ciudadanos, a la Constitución y a la ley.
Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho.
En los próximos días se presentará una iniciativa legislativa con el fin de conceder la amnistía a aquellos que participaron en los graves acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles.
No vamos a pronunciarnos sobre el hecho de que esta norma legal se esté pactando por el partido del gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos; no nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos.
Una norma legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena.
Una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978 que se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho.
Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo.
Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos.
Quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes.
Y vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones, con el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad.
