El Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la subida del SMI.
El salario mínimo en España experimentará un incremento del 5% en 2024, elevándose hasta los 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Este aumento, resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero y se espera que beneficie a más de 2,5 millones de personas, incluyendo una proporción significativa de mujeres y jóvenes.
Sin embargo, este acuerdo ha sido marcado por la notable ausencia de la patronal en su firma. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que representan a los empresarios, se habían desmarcado de este consenso, abogando inicialmente por un incremento más moderado del 3,5%. Además, sus demandas incluían la indexación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los contratos públicos y bonificaciones para el sector agrícola, propuestas que finalmente no fueron incorporadas en el acuerdo.
El Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, expresó su decepción por la falta de flexibilidad de la patronal para alcanzar un acuerdo alternativo o renunciar a algunos de sus requisitos. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la CEOE se abstiene de participar en los acuerdos sobre el SMI, ya que tampoco se sumó a las subidas de los años anteriores (2023, 2022 y 2021), aunque sí participó en el incremento acordado en 2019.
Este impasse en las negociaciones refleja una creciente tensión entre los intereses de los trabajadores y los empresarios en España, especialmente en un contexto donde se busca equilibrar la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con los desafíos económicos que enfrentan las empresas, particularmente las más pequeñas.
La intención del Gobierno de elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio en el país, una meta que se ha comprometido a fijar por ley. Sin embargo, la falta de un consenso más amplio, incluyendo a la patronal, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y las repercusiones de estos incrementos en el entorno empresarial y económico más amplio de España.
