El reciente aval del Tribunal Constitucional al recurso de Arnaldo Otegi para no repetir el juicio por el caso Bateragune ha generado un intenso debate en la esfera política española. Este hecho, junto con las declaraciones de Otegi acusando al Estado de querer perpetuar la violencia de ETA, plantea preocupaciones serias sobre la dirección actual de la política española bajo el liderazgo del presidente Pedro Sánchez.
Primero, la decisión del Tribunal Constitucional, al anular un juicio previamente sancionado por el Tribunal Supremo, plantea interrogantes sobre la jerarquía y el respeto entre las instituciones judiciales en España. Este acto puede interpretarse como una señal de que el Tribunal Constitucional está actuando como una especie de «segunda instancia», algo que podría socavar la autoridad y la finalidad del Tribunal Supremo. Esta situación sugiere una posible deriva en el sistema judicial español, que podría tener consecuencias a largo plazo en la percepción de la independencia y la eficacia del poder judicial.
En segundo lugar, la postura del gobierno de Sánchez en relación con estos acontecimientos es crítica. Al no posicionarse firmemente contra las revisiones y reinterpretaciones de la historia reciente de España, especialmente en lo que respecta al terrorismo de ETA, el gobierno puede estar dando inadvertidamente un espacio a narrativas que buscan reescribir los hechos. Esto es especialmente preocupante en el caso de figuras como Otegi y partidos como Bildu, cuyos pasados y vínculos con ETA son motivo de gran controversia y dolor en España.
La historia de ETA es una herida aún fresca en la memoria española, y cualquier intento de reescribir o minimizar su impacto es un asunto delicado y potencialmente peligroso. La insistencia de Otegi en culpar al Estado por la persistencia de la violencia de ETA, y la aparente tolerancia del gobierno de Sánchez hacia tales declaraciones, podrían interpretarse como una falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo y una amenaza a la narrativa histórica establecida.
En resumen, la situación actual evidencia una posible deriva política en España, donde las decisiones judiciales y las narrativas políticas parecen estar influenciadas por conveniencias y alianzas en lugar de por principios de justicia y veracidad histórica. Este panorama plantea serias preguntas sobre la dirección en la que se está moviendo la política española y el respeto hacia su historia reciente y, en particular, el papel de la banda terrorista ETA
