Las protestas de los agricultores en Europa, que se han extendido por varios países, tienen varias demandas en común, entre ellas, cambios significativos en los impuestos y subvenciones agrícolas. Por ejemplo, en Polonia, los agricultores y camioneros han estado protestando exigiendo la cancelación del aumento del impuesto agrícola, así como un acceso más fácil a préstamos blandos y un bono de maíz. Estas demandas reflejan la presión que están sintiendo los agricultores bajo las actuales condiciones económicas y fiscales.
En Francia, los agricultores han estado luchando por cambios en la situación de competencia respecto a productos importados, exigiendo el cumplimiento estricto de la ‘ley Egalim’ sobre retribuciones superiores a los costes de la producción, y la simplificación de burocracia y regulación medioambiental. También han solicitado modificaciones en la política europea para poner fin al barbecho obligatorio y limitaciones a productos de países como Ucrania, que gozan de ventajas arancelarias.
En Italia, los agricultores han pedido reducciones de precios, regulación de la competencia de mercados extranjeros, rebajas fiscales, y control de los costes de producción, entre otras demandas
Competencia desleal y regulaciones Desiguales
La competencia desleal, originada por la importación de productos a precios más bajos y con estándares de producción más laxos, coloca a los agricultores locales en una posición de desventaja. Además, las estrictas normativas medioambientales y de calidad de la Unión Europea imponen cargas adicionales a los agricultores europeos y de Baleares, en contraste con las importaciones procedentes de países con regulaciones menos estrictas.
En España, las protestas agrícolas han sido impulsadas por una serie de reivindicaciones específicas. Las organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA han avanzado un plan de movilizaciones en respuesta a varios problemas que afectan al sector. Entre las principales demandas de los agricultores españoles se incluyen:
Modificación de un mercado desregulado: Los agricultores buscan cambios en un mercado que, según ellos, favorece las importaciones de terceros países a bajo precio y con normativas desiguales, lo que crea una competencia desleal para los productos nacionales.
Paralización de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda: Las organizaciones agrarias han solicitado detener la ratificación de estos acuerdos y las negociaciones con países como Chile, Kenia, México, India y Australia.
Mayor control a la importación de Marruecos: Demandan un aumento en los controles a los productos importados desde Marruecos, buscando garantizar una competencia justa.
Flexibilización de burocracia y costes ambientales: Los agricultores piden una reducción en la carga burocrática y en los costes derivados de las regulaciones medioambientales, especialmente en relación con la próxima Política Agraria Común (PAC).
Cambios en la Ley de la Cadena Agroalimentaria: Buscan prohibir prácticas desleales y asegurar que los precios cubran los costes de producción.
Presupuesto reforzado para seguros agrarios: Solicitan un aumento en el presupuesto destinado a seguros agrarios para adaptarlo a las condiciones estructurales actuales, como las sequías y otros fenómenos meteorológicos adversos.
Baleares: Costes de Transporte
Para los agricultores de Baleares, un factor crítico que agrava estos desafíos es el coste adicional del transporte debido a la naturaleza insular de las baleares. Este coste adicional para exportar sus productos al resto de España y Europa pone a los agricultores baleares en una desventaja competitiva aún mayor. El coste de transporte eleva el precio de sus productos en los mercados exteriores, lo que dificulta su capacidad para competir con los productos importados más baratos. Esta situación única subraya la necesidad de políticas específicas que consideren la realidad insular de Baleares y proporcionen apoyo para compensar estos costes adicionales.
Las protestas en Europa protagonizadas por agricultores españoles y apoyadas por los payeses de las Islas Baleares evidencian una crisis profunda en el sector agrícola, exacerbada por la competencia desleal, las regulaciones desiguales, los desafíos económicos y climáticos, y en el caso particular de Baleares, por los costes adicionales del transporte insular. Estas múltiples presiones demandan una respuesta integral que aborde tanto los problemas comunes del sector agrícola en Europa como las necesidades específicas de regiones con características únicas como las Islas Baleares. Resolver estas cuestiones será fundamental para asegurar un futuro sostenible y próspero para la agricultura en Europa y en las Islas Baleares.
