El Director del Departamento de Inspección de Hacienda, Javier Hurtado Puerta, ha sido destituido después de enviar un informe detallado sobre el caso PSOE al Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. El informe recopilaba información durante cinco meses sobre los negocios de la empresa Soluciones de Gestión desde 2020 y actividades presuntamente delictivas relacionadas con esta empresa y su líder, Víctor de Aldama.
Según informes de Cope y TRECE, el cese de Hurtado se oficializó en el Boletín Oficial del Estado apenas tres días después de entregar la documentación a la Audiencia Nacional, el 5 de febrero.
En el informe remitido, se destacaba «la posible existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal 2020» por parte de Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L. y Víctor de Aldama, nombres clave en el caso que implica a varios miembros del Gobierno.
Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, atribuye la destitución de Hurtado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumentando que «no hay inspector de Hacienda que, conociendo la gravedad de lo que conoció, se lo guarde en un cajón». Ruiz-Jarabo sugiere que la destitución días después de entregar el informe al juzgado indica que quien lo cesó «no le gusta que se haya colaborado con la Justicia».
El informe también revela que todas las administraciones implicadas en la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión son del PSOE, incluyendo Canarias y Baleares, además de entidades como el Ministerio de Interior, Puertos del Estado, Adif y Air Europa.
La diligencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido cuestionada por su papel en el inicio de la trama. En una sesión de control al Gobierno en el Senado, Montero defendió la legalidad de los contratos y procedimientos, pero admitió que «una persona se ha aprovechado de la relación de confianza para su beneficio propio en el peor momento de la pandemia».
Este caso ha generado una oleada de críticas y dudas sobre la transparencia y la integridad en el seno del Gobierno, mientras la investigación sigue su curso en la Audiencia Nacional.
