Con el CIS como arma estratégica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza un ataque sin precedentes contra el sistema judicial español, utilizando encuestas manipuladas para influir en la percepción pública y desacreditar cualquier procedimiento legal contra su entorno más cercano.
La reciente encuesta del CIS, orquestada por Félix Tezanos, un miembro histórico del PSOE y actual presidente del centro, ha levantado una ola de críticas por su evidente parcialidad.
Las preguntas dirigidas a evaluar la opinión pública sobre la apertura de una causa judicial contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, están formuladas de manera que sugieren una persecución política más que una acción de la justicia.
El 48.2% de los encuestados ha interpretado este caso como un ataque directo a Sánchez, un resultado que refleja la carga tendenciosa de las cuestiones planteadas.
Tal como reveló en la comparecencia sin periodistas ni preguntas, Sánchez materializa su amenaza y desafía a los jueces utilizando una encuesta sesgada dirigida por un veterano del PSOE
En un momento en que su liderazgo es cuestionado, Sánchez no ha dudado en doblegar los recursos del Estado para servir a sus intereses personales y políticos, especialmente de cara a las próximas elecciones catalanas y europeas.
Un alarmante 82.6% de los ciudadanos cree que la justicia puede estar influenciada por poderes políticos o económicos
Este uso controvertido del CIS plantea serias preguntas sobre la integridad de las encuestas y la independencia de las instituciones españolas.
Un alarmante 82.6% de los ciudadanos cree que la justicia puede estar influenciada por poderes políticos o económicos, una percepción que el propio gobierno de Sánchez parece estar validando y potenciando mediante estas tácticas.
Feijóo: «España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos»
La estrategia de Pedro Sánchez de utilizar el CIS para atacar a los jueces y moldear la opinión pública es una táctica que mina los cimientos de la democracia española.
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El abuso de poder en que incurre Sánchez no solo debe ser expuesto, sino también combatido en todas sus formas para preservar la integridad del sistema judicial y la salud de la democracia en España.
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