El Ministerio de Juventud e Infancia, a través de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, y a instancias de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, ha mantenido en las últimas semanas varios contactos con el gobierno autonómico con el fin de contribuir y colaborar en la búsqueda de alternativas que puedan reforzar los sistemas de protección de los menores no acompañados, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas.
Tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, necesaria para que el Gobierno pueda seguir ayudando a los territorios con mayor presión migratoria, el Ministerio ha continuado ofreciendo vías de colaboración. Cabe recordar que la acogida de menores, incluidos aquellos llegados a nuestras costas, son competencia de las comunidades autónomas y
que, en el caso de Balears, esta función está traspasada por el Govern a los consells insulares.
El delegado del Gobierno en Illes Balears, Alfonso Rodríguez Badal, ha señalado que, en el ámbito de la migración, “es fundamental que cada administración trabaje y dé una respuesta adecuada a sus propias competencias”. En el caso concreto de la acogida de menores, Rodríguez Badal recalca que “lo prioritario es la protección del menor, y los consells insulares no puede echar balones fuera en un ámbito que es de su responsabilidad”, al tiempo que recuerda que “el rechazo a la reforma de la ley de Extranjería bloqueó la ayuda del Gobierno de España que habría permitido que otras comunidades contribuyeran obligatoriamente en la acogida de menores que llegan a Balears, además de conseguir recursos adicionales para ello”.
No obstante, la Secretaría de Juventud e Infancia, tras ser informada de la situación en las islas, mantuvo desde un primer momento contactos con la Comunidad Autónoma, competente en materia de protección de menores, para ayudar en la búsqueda de posibles soluciones. Esta línea de comunicación permanece abierta a día de hoy.
Por otra parte, el delegado subraya que el Gobierno “está ejerciendo en Balears sus responsabilidades, que implican la coordinación de las diferentes instituciones y entidades ante la llegada de migración por vía irregular, así como la atención los adultos con perfiles de vulnerabilidad a través del sistema de atención humanitaria, con el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional y la Cruz Roja”.
