Una docena de gobiernos autonómicos -entre ellos el balear de Marga Prohens- exigirá en los tribunales un mínimo de 1.751 millones de euros a los fabricantes de pañales para adultos que crearon un cartel para aumentar sus precios de manera ilegal.
Según informa ‘El País’, el Supremo acaba de confirmar las multas por 60 millones de euros impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y ahora comunidades como Baleares han reaccionado para recuperar el dinero cobrado ilegalmente a las arcas públicas.
Cataluña reclama 526 millones, Andalucía más de 600,Galicia unos 350 millones, el País Vasco más de 100, Madrid como mínimo 80, Murcia 50,Baleares 27 y Asturias 18. Tras estas Comunidades Autónomas vendrán la Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Aragón, Extremadura y Navarra.
Según la misma fuente, el cartel estuvo activo 17 años, entre 1996 y 2013, hasta que una compañía denunció al resto de empresas y a sí misma, para obtener la clemencia de la CNMV. La patronal Fenin y 7 empresas que abarcaban el 95% del mercado, entre ellas multinacionales como Ausonia, montaron un sistema para inflar un 50% el precio de los pañales para los sistemas públicos de salud, en connivencia con los mayoristas distribuidores y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos para el reparto de beneficios mediante acuerdos secretos.
