La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, y los cuatro presidentes de los consejos insulares, Llorenç Galmés, presidente del Consell Insular de Mallorca; Adolfo Vilafranca, presidente del Consell Insular de Menorca; Vicente Marí, presidente del Consell Insular d’Eivissa, y Lorenzo Córdoba, presidente del Consell Insular de Formentera, han firmado una declaración institucional para pedir la actuación urgente del Gobierno de España ante la crisis migratoria.
En la segunda Conferencia de presidentes de la legislatura que se ha llevado a cabo este jueves en el Consolat de Mar, convocada por vía de urgencia y con un único punto en el orden del día, han alertado de que las Illes Balears están al límite a causa de la falta de soluciones del Gobierno de España. Se trata de una cuestión que repercute directamente en los servicios públicos de las Balears competencia de los consejos insulares, puesto que la sobreocupación del sistema de menores está tensionando tanto los diferentes servicios dirigidos a menores tutelados como los servicios de atención a personas mayores o dependientes. «Tenemos una sobreocupación del 850 % de las plazas específicas previstas para menores extranjeros no acompañados. Es decir, acogemos más de ocho veces lo que prevé nuestro sistema. Las Illes Balears ya se encuentran al límite», ha afirmado.
Además, en la declaración institucional también se reivindica el aumento de los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el establecimiento de los sistemas de vigilancia (SIVE) necesarios para una actuación rápida y la necesidad de recursos para compensar el esfuerzo económico que ya hacen los consejos insulares y que deben ser aportados con líneas específicas de financiación por el Gobierno de España.
Por todo ello, Prohens y los cuatro presidentes insulares han expuesto que es urgente la actuación del Gobierno de España respecto a un cambio de estrategia, «para reforzar la vigilancia de nuestras fronteras contra las mafias y evitar que la gente, estos jóvenes, se sigan jugando la vida en el mar, así como la llegada de pateras a las Illes Balears», ha insistido Prohens.
Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, ha subrayado la necesidad urgente de que el Gobierno central asuma su responsabilidad en la gestión de esta crisis, señalando que «la situación de Mallorca es crítica, estamos al límite de nuestra capacidad».
«El sistema de acogida de menores de Mallorca está desbordado. Necesitamos más espacios, más recursos económicos, ayuda técnica y más apoyo del Gobierno central», ha declarado Galmés. Actualmente, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) atiende a 310 menores migrantes no acompañados, lo que representa el 54% del total de menores en el sistema residencial de la isla. Además, ha señalado que los centros propios sufren una sobreocupación del 40%. Ante esta situación, el presidente del Consell de Mallorca ha anunciado que se tendrá que recurrir a soluciones habitacionales de emergencia, como tiendas de campaña, si no se produce de forma inmediata una cesión de espacios por parte del ejecutivo central.
Durante la Conferencia de Presidentes, Llorenç Galmés ha solicitado la declaración del estado de emergencia en Mallorca para agilizar los trámites administrativos necesarios para poder responder de manera ágil y eficaz a la llegada de menores no acompañados. El presidente de la institución insular ha destacado que en lo que llevamos de año ya han llegado 202 menores no acompañados a la isla, superando las cifras del año pasado, y las previsiones indican que el número podría superar los 300 antes de fin de año. Se trata de un incremento de más del 300% respecto a 2021, el año que supuso un punto de inflexión en la llegada de menores migrantes. El presidente Galmés ha lamentado que «este hecho genera una tensión insostenible en los recursos y centros de acogida de la isla».
En la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente Galmés ha señalado que «la inacción del Gobierno central y la falta de una política migratoria eficaz están poniendo en riesgo no solo el bienestar de los menores, sino también la calidad de los servicios públicos en Mallorca». Galmés ha recordado que hace dos meses solicitó una reunión a la Delegación del Gobierno y que, a día de hoy, aún no se ha celebrado.
Asimismo, el presidente Galmés ha señalado que, aunque la protección de los menores es una competencia propia de los Consells Insulares, ni la legislación ni el sistema de protección fueron concebidos para la atención de menores migrantes no acompañados. Por tanto, ante la crisis migratoria actual, el gobierno central debería implicarse en la gestión de los menores migrantes no acompañados.
El presidente ha concluido haciendo un llamamiento a Pedro Sánchez para que escuche las demandas de los ciudadanos de Mallorca: «No podemos seguir soportando esta situación solos. El Gobierno central debe implicarse, declarar a Baleares como una ruta migratoria y ofrecer soluciones que incluyan la cesión de espacios y la implementación de políticas en los países de origen para reducir las llegadas».
