El nuevo reglamento autonómico aprobado el viernes por el Consell de Govern para regular de forma integral los servicios de taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC) en Balears provoca reacciones dispares en el sector, con valoraciones prudentes entre los taxistas y críticas desde las empresas de VTC, que no descartan recurrir la norma.
La directora general de Movilidad, Lorena del Val, ha defendido en programa 4Directe que el decreto busca “garantizar la movilidad en nuestras islas en función de criterios objetivos, ordenar el sector y aportar seguridad jurídica”, en un contexto marcado por las más de 10.000 solicitudes de licencias VTC registradas en 2023 frente a las 2.529 licencias de taxi y 739 autorizaciones VTC actualmente existentes.
Desde la patronal Unauto, su presidente ejecutivo nacional, José Manuel Berzal, considera que el reglamento era “necesario para armonizar el sector”, aunque asegura que “nace tarde y mal, con deficiencias jurídicas” y que “es evidente que se beneficia más al taxi”. La organización no descarta presentar recurso dentro del plazo legal de dos meses y advierte de que la norma no evitará la judicialización de solicitudes previas a la ley de 2024. También cuestionan la prohibición de circular para captar clientes, al entender que esta cuestión ya ha sido abordada por tribunales europeos y el TSJIB.
Por su parte, el presidente de Taxi-Pimem, Biel Moragues, califica el reglamento como “positivo”, aunque reconoce que presenta debilidades y no cierra totalmente la seguridad jurídica. Moragues se mostró convencido de que las empresas VTC terminarán impugnando la norma y defiende que “no tiene sentido limitar la entrada de coches a las islas y, al mismo tiempo, aumentar las licencias VTC”.
El reglamento permitirá limitar nuevas licencias según indicadores de congestión y calidad del aire, refuerza la contratación previa obligatoria para los VTC y establece requisitos comunes para conductores, además de fijar mínimos de vehículos accesibles.
