Hay una regla básica que cualquiera entiende: cuando no tienes competencia, te relajas. Cuando nadie puede elegir otra opción, el incentivo para mejorar desaparece. Eso ocurre en los monopolios… y eso ocurre hoy con el llamado “servicio público” en España. El Gobierno tiene el monopolio. No compite. No necesita convencer. No necesita exportar su modelo ni demostrar que es el mejor. Simplemente impone su estructura y pasa la factura vía impuestos.
Si un restaurante sube precios y baja la calidad, los clientes se van. Si una empresa presta peor servicio, pierde mercado. Pero el Estado no pierde clientes. Porque los contribuyentes no pueden marcharse. Están cautivos.
Y en ese contexto llega la decisión de reducir la jornada laboral en la Administración General del Estado a 35 horas semanales. Se vende como avance social. Se presenta como conquista histórica. Se celebra como progreso.
Pero la pregunta es sencilla: ¿ha mejorado el servicio al ciudadano? ¿Se han reducido los tiempos de espera? ¿Se ha simplificado la burocracia? ¿Se ha agilizado la administración? La realidad que viven miles de españoles es otra: trámites eternos, citas imposibles, expedientes que se alargan durante meses, una administración cada vez más compleja y costosa.
Y aquí aparece un problema de fondo mucho más grave: cuando una administración pública se sobrevalora, se blinda y acumula privilegios muy por encima de la actividad privada, pone en serio peligro la actividad económica de cualquier país. Porque la riqueza no la genera el BOE. La generan quienes arriesgan capital, crean empleo, innovan y compiten. Si el Estado se convierte en el empleador más atractivo por estabilidad, horarios reducidos y condiciones blindadas, mientras el sector privado soporta mayor presión fiscal y regulatoria, el mensaje es devastador: es mejor refugiarse que emprender.
Una economía no puede sostenerse si cada vez más talento busca seguridad en estructuras protegidas mientras cada vez menos personas asumen el riesgo de crear empresa. Que quede claro: esto no es una crítica al funcionario que cumple con su trabajo. España cuenta con muchos profesionales comprometidos en la administración. El problema no es la persona. Es el diseño del sistema. Un sistema sin competencia, sin evaluación independiente real y sin consecuencias cuando el servicio empeora.
En el sector privado, si se trabaja menos horas, alguien debe producir más o la empresa pierde mercado. En el sector público, si se reducen horas sin reorganización profunda ni mejoras de productividad medibles, el coste simplemente aumenta. Y ese coste recae sobre autónomos, pymes y trabajadores que no pueden reducir su jornada porque compiten en un mercado global.
Mientras el empresario pelea por sobrevivir, el Estado amplía su estructura. Mientras el autónomo calcula cada euro, la administración consolida beneficios que no dependen de resultados. Y eso tiene consecuencias macroeconómicas claras: menor competitividad, mayor presión fiscal, menor inversión y, a medio plazo, menos crecimiento.
El dinero público no es abstracto. Sale del esfuerzo de millones de españoles. Si el Gobierno quiere reducir jornadas, primero debe demostrar mejoras claras y medibles en eficiencia. Si quiere ampliar derechos laborales dentro de la administración, debe vincularlos a resultados objetivos.
España necesita introducir evaluación real del desempeño, auditorías externas independientes y transparencia total en el rendimiento de lo público. Necesita equilibrar el peso del Estado para que no asfixie la iniciativa privada. Porque cuando el monopolio se combina con privilegio, el resultado es estancamiento.
Y un país que penaliza al que produce y premia al que se acomoda, termina pagando un precio demasiado alto.
