Hoy quiero hablarles de algo que debería ser incuestionable, pero que en pleno 2026 vuelve a estar en discusión: la presencia del español en las calles de Ibiza.
Rotulaciones públicas donde la lengua común desaparece. Comunicaciones oficiales donde el español queda relegado. Señalética que ignora que vivimos en una nación donde existe una lengua compartida por todos.
Y no, no es una anécdota. Es el resultado de años de cesiones políticas.
Porque cuando el Partido Popular decide caer de rodillas ante el nacionalismo lingüístico —en Baleares o donde haga falta para mantener equilibrios— el precio siempre lo paga el español. Siempre se cede en la misma dirección. Siempre retrocede la lengua común.
Conviene recordar algo elemental. El artículo 3 de la Constitución no deja lugar a dudas: el español es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Derecho. No concesión. No tolerancia. Derecho.
Y ese derecho implica que cualquier ciudadano que llegue a Ibiza desde Murcia, desde Valladolid o desde Canarias pueda entender la señalización pública, pueda dirigirse a la administración en español y pueda vivir con normalidad en su lengua.
Defender esto no es atacar a nadie. No es despreciar las lenguas regionales. Al contrario: el respeto a las lenguas propias de cada comunidad es perfectamente compatible con la presencia garantizada del español. Sumar, no restar. Convivir, no excluir. Lo que no es aceptable es que bajo el pretexto de la “normalización” se practique la marginación.
La lengua española no es patrimonio de ningún partido ni de ninguna ideología. Es el vínculo civil que une a más de 47 millones de españoles y a cientos de millones en el mundo. Es una herramienta de cohesión nacional y una riqueza cultural inmensa. Cuando se arrincona el español en el espacio público, no se está defendiendo una identidad local; se está debilitando la igualdad entre españoles.
Y aquí es donde entra la responsabilidad política. Las cesiones permanentes al separatismo lingüístico no traen paz social. Traen más exigencias. Porque el nacionalismo nunca se conforma: avanza cuando percibe debilidad.
Lo que hoy vemos en Ibiza es consecuencia directa de años de complejos, de miedo al conflicto, de esa política de “no molestar” que termina molestando siempre al mismo: al ciudadano que solo pide que se respete su derecho constitucional.
Estos tiempos de desprecio al español no serán eternos. Cada vez más ciudadanos, también en Baleares, están diciendo basta a las cesiones. Basta a convertir la lengua común en moneda de cambio.
Con el pertinente respeto a las lenguas regionales, el español debe estar siempre presente en todo el territorio nacional. Porque es la única lengua que todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocer y utilizar. Eso no es radicalismo. Es cumplir la Constitución. Eso no es imposición. Es igualdad. Eso no es confrontación. Es sentido común.
Y más pronto que tarde, el respeto, el cuidado y la defensa de nuestra lengua común volverán a imponerse en toda España.
