La Conferencia Episcopal Española ha vuelto a marcar perfil. Pide “prioridad de Evangelio” frente a la “prioridad nacional” que propone Vox. Y lo hace apelando a la dignidad humana, a la cercanía, a ese mensaje universal que, en teoría, debería unirnos a todos. Hasta ahí, nada que objetar.
El problema empieza cuando pasamos de las palabras a los hechos. Porque la dignidad de la persona es, efectivamente, intocable. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿esa dignidad también incluye a los españoles que sienten que su país cambia sin control? ¿Incluye al trabajador que sostiene el sistema mientras ve cómo las prioridades políticas van en otra dirección? ¿Incluye a las familias que no llegan a fin de mes mientras se multiplican los recursos destinados a quienes acaban de llegar asaltando la frontera?
Porque cuando la Iglesia habla, da la sensación de que hay españoles invisibles.
Y aquí está la clave. La Conferencia Episcopal Española nunca se enfrenta al poder político. Nunca. No hemos escuchado una crítica clara a un gobierno que legisla en contra de principios esenciales del cristianismo, por ejemplo, el aborto, la eutanasia. No hay reproches cuando se toman decisiones que afectan profundamente a la cohesión social o a la propia estructura del país.
Hay silencio. Y el silencio, en política, casi nunca es neutral.
Porque mientras tanto, ese mismo poder político sostiene —con dinero público— una parte importante del entramado social vinculado a la Iglesia: organizaciones asistenciales, programas de acogida, estructuras que crecen al mismo ritmo que crecen determinados fenómenos migratorios.
Y aquí aparece una realidad incómoda: cuando hay financiación, hay dependencia. Y cuando hay dependencia… cuesta mucho morder la mano que te sostiene. Por eso no hay confrontación. Por eso no hay denuncia.
Y mientras tanto, se desacredita la idea de “prioridad nacional”. Es decir, el derecho lógico de cualquier país a atender primero a sus ciudadanos, a proteger sus fronteras y a ordenar sus recursos. Eso no es ir contra nadie. Eso es gobernar con sentido común. Y conviene recordar algo que no es nuevo, ni radical, ni político. Es doctrina clásica de la propia Iglesia. Como señaló León XIV:
«Un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras: no digo que todos deban entrar —como sea, sin un orden; creando a veces en los lugares a los que van, situaciones más injustas que las que han dejado atrás—».
Es decir, orden, límites y responsabilidad. Exactamente lo que hoy algunos pretenden presentar como algo contrario al Evangelio. Y hay un dato que desmonta muchos discursos.
La Ciudad del Vaticano no permite la inmigración ilegal de ninguna forma. Tiene una de las legislaciones sobre ciudadanía, residencia e inmigración más estrictas de Europa. Y los motivos son evidentes: velar por la seguridad del Papa y de los demás habitantes del Estado. Es decir, exactamente los mismos motivos por los que cualquier nación seria protege sus fronteras. Por tanto, menos lecciones. Porque no hay solidaridad posible si antes no hay orden. No hay justicia si quienes sostienen el sistema sienten que quedan en segundo plano. Y no hay convivencia si se ignoran los problemas reales de la gente.
El problema, en el fondo, no es el Evangelio. El problema es cómo se utiliza.
Cuando se invoca para evitar señalar al poder, pero sí para cuestionar a quienes defienden su nación… deja de ser un mensaje moral y se convierte en un instrumento político. Y eso tiene consecuencias.
Porque quien calla ante el poder mientras señala al ciudadano, ha dejado de ser guía moral para convertirse, directamente, en parte del problema. Y entonces, ya no hablamos de fe. Hablamos de intereses inconfesables.
