El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, ha cargado contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado la pasada semana por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar que llega tarde, nace sin consenso y obliga a las comunidades autónomas a asumir un esfuerzo económico desproporcionado.
Durante una entrevista en el programa 4 Directe, Mateo ha sido contundente: “No se puede hacer un Plan desde la ideología. Es un plan que llega con retraso porque se dice que es de 2026-2030, pero ya llevamos cuatro meses de 2026 y ahora se iniciarán reuniones bilaterales, por lo que estas medidas no arrancarán hasta finales de 2026 o principios de 2027”.
Críticas a la financiación
Según el reparto previsto, a Balears le corresponderían 168 millones de euros, 123 millones más que en el plan anterior. Sin embargo, el conseller ha advertido de que la cifra debe matizarse. “El Estado pone el 60% y el 40% sale de fondos propios de cada comunidad autónoma. Mientras el Estado multiplica por tres su aportación respecto al plan anterior, las comunidades tendrán que multiplicar por siete la suya”, ha señalado.
Mateo también ha cuestionado el proceso de aprobación del documento. “Es irónico que la ministra hable de acuerdo cuando no se ha dialogado; es un plan herido. Este Gobierno no es de fiar, no tiene presupuesto y no sabemos de dónde saldrán los fondos”, ha afirmado.
Ayudas al alquiler e insularidad
El conseller ha reconocido que el texto sí incorpora una demanda planteada por el Govern: ampliar el límite económico del alquiler para poder acceder a ayudas públicas, aunque considera que sigue siendo insuficiente.
“El Plan marca un tope de 1.000 euros. Es decir, quien paga un alquiler hasta esa cantidad puede acogerse a una ayuda, pero nosotros queremos elevar ese límite hasta los 1.200 euros como mínimo en la negociación bilateral”, ha explicado.
Además, el Ejecutivo autonómico reclamará que se incluyan ayudas específicas al transporte de vivienda industrializada hasta las islas para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad.
“No atacar a los propietarios”
Mateo también ha criticado la política estatal en materia de vivienda y la posición de los socios parlamentarios del Gobierno, Sumar y Podemos.
“Hay que conjugar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad privada y eso no se puede hacer a través de la prohibición, la intervención o la expropiación como dicen algunos líderes de la izquierda. Se ha de hacer desde la incentivación, la construcción de más vivienda y medidas para que tanto propietarios como inquilinos estén protegidos”, ha sostenido.
Más de 7.000 viviendas en marcha
Sobre la gestión del actual Govern desde 2023, el conseller ha cifrado en más de 7.000 las viviendas actualmente en planificación y en otras 8.000 las previstas dentro de siete planes urbanísticos en distintas zonas de Palma.
En relación con el requisito de cinco años de residencia para acceder a una vivienda pública o a precio limitado, Mateo ha defendido la medida con claridad: “Tenemos una prioridad residencial, habitacional. Más viviendas, a precio asequible y para la gente de aquí”.
Asimismo, ha revelado que algunos ayuntamientos reclaman endurecer este criterio. “Hay municipios como Esporles o Sóller que nos han pedido aumentar esos cinco años. En el caso de Sóller, hasta 18 años”.
Apuesta ferroviaria de 1.300 millones
Durante la entrevista también se abordaron los proyectos de ampliación de la red ferroviaria balear, entre ellos el tren hasta Alcúdia, la conexión con Llucmajor y la prolongación del metro hasta Hospital Universitari Son Espases, con una inversión global superior a 1.300 millones de euros.
“La apuesta de este Govern por el transporte público no es palabrería. No contemplamos que el Gobierno no acepte negociar la recuperación del convenio ferroviario que había en su momento, aunque sabemos que con este ministro es difícil, porque no contesta a nuestras peticiones”, ha denunciado.
Pese a ello, ha asegurado que los proyectos ya figuran en el Plan Sectorial y que el Govern mantiene la voluntad de iniciarlos “porque creemos en el transporte público”.
