Hay noticias que no deberían ser posibles en una nación decente. El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA, condenado por 39 asesinatos. Treinta y nueve vidas. Treinta y nueve familias destrozadas.
Parot no fue un delincuente cualquiera. Fue un terrorista que convirtió el asesinato en una herramienta política. Un hombre cuya trayectoria criminal está ligada a algunos de los episodios más terribles de la historia de ETA.
Y ante esto solo cabe preguntarse: ¿En qué momento España ha empezado a perder el norte, la memoria y hasta la conciencia moral? Porque una cosa es aplicar el Estado de derecho y otra muy distinta es construir una sociedad en la que el terrorista avance hacia la libertad mientras las víctimas siguen condenadas a vivir con la ausencia de sus seres queridos.
No estamos hablando de un pasado lejano que pueda enterrarse bajo una capa de olvido. Estamos hablando de personas asesinadas. De familias rotas. De niños que nunca crecieron. De ciudadanos que fueron asesinados por el simple hecho de ser españoles, policías, militares, guardias civiles o personas que se cruzaron en el camino de quienes pretendían imponer sus ideas mediante las armas. Y eso es precisamente lo que no podemos permitir que desaparezca de nuestra memoria.
Porque una democracia puede ser garantista, pero no puede ser amnésica. El Estado de derecho debe respetar las garantías penitenciarias, por supuesto. Pero también debe preservar algo esencial: la dignidad de las víctimas y la verdad sobre lo ocurrido. Lo preocupante es que esto sucede en un contexto político en el que quienes no han roto completamente con el legado de ETA han conseguido una influencia institucional que habría sido inimaginable hace unos años.
Y ahí aparece la responsabilidad política. Porque cuando determinados partidos necesitan determinados apoyos para gobernar, existe la tentación de mirar hacia otro lado. De convertir la memoria en una molestia. De llamar convivencia al silencio y normalización a la aceptación de quienes todavía tienen una deuda moral con las víctimas.
Eso es lo que no podemos aceptar. No se trata de venganza. Se trata de justicia. No se trata de impedir la reinserción. Se trata de impedir que la reinserción termine convirtiéndose en blanqueamiento del pasado terrorista.
Porque no puede ocurrir que el asesino recupere progresivamente su libertad mientras la víctima permanece para siempre en una tumba. Y por eso esto ya no va solamente del asesino Henri Parot.
Va de qué España queremos ser. Una España que recuerda a sus muertos, honra a sus víctimas y mantiene una línea roja infranqueable frente al terrorismo.
O una España que, por conservar gobiernos, mayorías parlamentarias o pactos de poder, termina aceptando que quienes justificaron el terror se conviertan en interlocutores políticos mientras los asesinos avanzan hacia la libertad.
No hay reconciliación sin verdad. No hay convivencia sin memoria. Y no hay democracia digna si el asesino termina recibiendo más consideración política que su víctima. Ya está bien de llamar convivencia al olvido, paz al silencio y política de Estado a las cesiones ante quienes jamás deberían haber sido premiados por su pasado criminal.
Porque una nación puede equivocarse en una ley, en una decisión o en una política. Pero cuando una nación empieza a olvidar a sus muertos para poder pactar con quienes justificaron su asesinato, no está simplemente equivocándose: está perdiendo el alma. Y España no puede permitirse perderla.
Los terroristas no pueden escribir el relato de sus víctimas. Los asesinos no pueden dictar nuestra política. Y ningún Gobierno tiene derecho a convertir la sangre de nuestros muertos en moneda de cambio para conservar el poder.
Porque antes que cualquier Gobierno, antes que cualquier partido y antes que cualquier pacto parlamentario, están España, la libertad y la dignidad de sus víctimas.
