Hay llamadas que no necesitan teléfono. Basta con mirar quién necesita qué… y quién aparece dispuesto a solucionarlo. Y aquí tenemos a Conde-Pumpido. Una vez más, puntual a la cita. El presidente del Tribunal Constitucional ha presentado una ponencia que defiende aplicar la amnistía a la malversación del procés y que cuestiona directamente el criterio del Tribunal Supremo sobre Puigdemont.
Qué casualidad. El Supremo dice: no. La ponencia de Conde-Pumpido dice: pues sí. Y no con un tímido «quizá habría que reconsiderarlo». No. La propuesta es que el Supremo dicte una nueva resolución y amnistíe la malversación con carácter preferente y urgente.
Vamos, que, si el Supremo no llega al destino previsto, siempre queda la opción de ponerle un GPS constitucional. Y aquí aparece el detalle interesante.
El Tribunal Constitucional no se limita a examinar si una decisión judicial es constitucional. La ponencia entra de lleno en la interpretación realizada por el Supremo y sostiene que su lectura de la ley se aparta de la finalidad de la amnistía. Dicho en lenguaje de andar por casa: el Supremo ha entendido la ley de una manera. Y desde el Constitucional le están diciendo que la entienda de otra. Hasta que salga lo que quiere el gobierno o sea Sánchez.
Porque resulta que la ley de amnistía tiene una finalidad. Y cuando una interpretación judicial no encaja con esa finalidad, siempre puede aparecer alguien dispuesto a explicarle al juez cuál era realmente la finalidad. Una maravilla.
La cuestión tiene todavía más gracia si recordamos cómo nació la amnistía.
Pedro Sánchez necesitaba los votos del independentismo para seguir en La Moncloa. Y el independentismo necesitaba la amnistía. Se aprobó.
El Supremo después interpretó la norma y dejó fuera de la amnistía la malversación en el caso de Puigdemont. Y ahora llega el Constitucional con una ponencia que propone abrir precisamente esa puerta.
Insisto: no hace falta hablar de conspiraciones. Ni de llamadas secretas. Ni de pactos ocultos. Los hechos son bastante más sencillos. Primero se aprueba una ley. Después el Supremo interpreta esa ley. Y finalmente aparece el Constitucional diciendo, en esencia: señores del Supremo, prueben otra vez. Eso sí que es perseverancia institucional.
Y todavía hay otro detalle delicioso: la tramitación preferente y urgente.
Porque cuando se trata de una cuestión que afecta directamente al futuro jurídico de Puigdemont, parece que la maquinaria institucional puede adquirir una velocidad extraordinaria. Qué diferencia con esos expedientes que duermen durante meses en algún cajón esperando pacientemente su turno. Aquí, por lo visto, hay prisa.
Y uno empieza a comprender que en España hay asuntos jurídicos… y asuntos jurídicamente urgentes. Ahora queda que el Pleno del Constitucional vote la ponencia. Y ahí estará la verdadera cuestión. Porque esto no sucede en el vacío.
Sucede después de que una ley políticamente decisiva para la investidura de Pedro Sánchez haya sido aprobada y después de que el Supremo haya establecido una interpretación que no satisface las pretensiones de los beneficiarios de esa ley. Y ahí aparece la dimensión política.
El independentismo obtuvo la amnistía como pieza central del acuerdo que hizo posible la investidura. Ahora la batalla se traslada a los tribunales.
Y la política, que consiguió aprobar la ley, observa cómo el Constitucional decide hasta dónde llegan sus efectos. No hace falta afirmar que nadie haya dado ninguna orden. No hace falta imaginar reuniones secretas. Basta con mirar la secuencia. Primero, llegaron los votos. Después, la ley. Luego, la sentencia.
Y finalmente, la corrección de la sentencia que no encaja con el resultado esperado. Conde Pumpido arrastra la toga y al país entero por el barro.
