Malas noticias para los propietarios españoles. Resulta que usted creía que su casa era suya. ¡Qué ingenuidad ¡
La escritura dice que es usted el propietario. El Registro también. La Constitución reconoce el derecho de propiedad. Pero ahora aparece el Gobierno y le explica que, en determinados supuestos, quizá tenga que seguir cediendo el uso de esa vivienda durante dos años más. No lo llamemos expropiación, porque jurídicamente no lo es.
Llamémoslo como prefieran. Pero cuando el propietario pierde durante dos años la capacidad de decidir cuándo recupera su vivienda, algo muy serio está cambiando. Y el argumento siempre es el mismo: proteger al inquilino.
Por supuesto que hay que proteger a quien realmente está en una situación vulnerable. Pero el propietario tampoco es necesariamente un fondo de inversión. Puede ser una familia, una pareja que compró un piso con una hipoteca, un jubilado que complementa su pensión con un alquiler o alguien que heredó una vivienda de sus padres. Y si alquilar esa vivienda empieza a significar más incertidumbre, más obligaciones y más dificultades para recuperarla, algunos propietarios tomarán una decisión perfectamente racional: no alquilar.
Ahí aparece el problema de fondo. España no tiene suficientes viviendas para la demanda que existe. El propio Gobierno reconoce, citando al Banco de España, que durante los últimos quince años se han creado más hogares que viviendas se han construido y que hoy haría falta producir unas 750.000 viviendas para atender esa creación de hogares. Ese debería ser el punto de partida de cualquier política de vivienda.
No preguntarnos cómo repartir mejor las pocas viviendas que tenemos, sino cómo conseguimos construir las que faltan. Inmediatamente salta la pregunta ¿qué hacer? La respuesta es de puro sentido común:
Un Plan Nacional de Vivienda con un objetivo central: recuperar el ritmo de construcción necesario para cerrar ese déficit de 750.000 viviendas.
Y eso exige actuar sobre la oferta. Suelo público disponible para vivienda. Colaboración entre administraciones y empresas privadas. Licencias con plazos máximos. Menos burocracia urbanística. Incentivos para los pequeños propietarios que incorporen viviendas al alquiler. Y ayudas directas para las familias que realmente necesiten apoyo.
La lógica es sencilla: si faltan viviendas, hay que construir viviendas. Porque enfrentar al inquilino con el propietario no pone un solo ladrillo. Más oferta significa más opciones para quien busca casa.
Y más seguridad jurídica significa más propietarios dispuestos a poner sus viviendas en alquiler. Ahí está el cambio de enfoque que necesita España.
No se trata de elegir entre proteger al inquilino o proteger al propietario. Se trata de conseguir que haya suficientes viviendas para que ninguno de los dos tenga que enfrentarse al otro. Y ahí está también la responsabilidad de Pedro Sánchez.
Gobernar no consiste en administrar la escasez, ni en trasladar el coste de una política pública a los ciudadanos. Consiste en crear las condiciones para que esa escasez desaparezca. España necesita producir 750.000 viviendas para corregir el déficit acumulado. Ese debería ser el gran objetivo nacional. Porque una casa no aparece por decreto. Se construye. Y mientras falten 750.000, el debate seguirá siendo cómo repartir la escasez. La verdadera política de vivienda empieza cuando dejamos de repartirla y empezamos a aumentarla. Lo que pretende el gobierno seguirá agrandando el drama habitacional.
