La construcción de determinadas nuevas viviendas en suelo rústico de Baleares deberá llevar aparejada durante al menos 15 años una contrapartida vinculada a la actividad agraria. Es una de las principales novedades del proyecto de Ley Agraria aprobado este viernes por el Consell de Govern, que introduce por primera vez esta condición con el objetivo de que el desarrollo residencial permitido en el campo contribuya también a mantener las tierras en producción.
La medida afectará a las nuevas viviendas unifamiliares aisladas de más de 100 metros cuadrados que se construyan en fincas de 14.000 metros cuadrados o más, siempre que la normativa territorial y urbanística permita previamente su edificación.
Este último aspecto resulta fundamental. La nueva Ley Agraria no determina dónde se podrá construir, no reduce las parcelas mínimas exigidas ni genera nuevos derechos edificatorios. Es decir, no abre nuevos terrenos del suelo rústico a la construcción de viviendas. Serán los respectivos planeamientos territoriales y urbanísticos los que continuarán determinando dónde y en qué condiciones se puede edificar.
Lo que cambia es que, cuando exista ese derecho y se den las circunstancias contempladas por la futura ley, la nueva vivienda deberá quedar vinculada durante un mínimo de 15 años a una condición agraria.
Una contrapartida para poder construir
El propietario dispondrá de diferentes alternativas para cumplir esta obligación y no tendrá necesariamente que convertirse en agricultor profesional.
Podrá mantener o desarrollar una actividad agraria en la propia finca, realizar inversiones dirigidas a recuperar terrenos o mejorar su productividad, o alcanzar acuerdos con agricultores profesionales o explotaciones agrarias prioritarias para que aprovechen las tierras.
También podrá poner los terrenos a disposición del banco público de tierras, de manera que puedan ser utilizados por agricultores o ganaderos.
El objetivo del Govern es establecer una vinculación directa entre los nuevos usos residenciales que ya estén permitidos por el planeamiento y la conservación productiva del campo. La construcción de la vivienda llevará así aparejada una contrapartida destinada a mantener tierras cultivadas, facilitar el acceso de los profesionales a nuevas superficies y combatir el abandono de las explotaciones.
Esta filosofía responde a uno de los principios centrales del proyecto: los usos agrícolas, ganaderos y forestales deberán tener prioridad sobre el uso residencial en suelo rústico. Las administraciones tendrán que orientar sus políticas hacia la conservación de estos terrenos y su aprovechamiento productivo.
Agroestancias de solo seis plazas
La segunda gran novedad es la regulación de las agroestancias, concebidas como una actividad complementaria que permita a agricultores y ganaderos obtener ingresos adicionales sin abandonar la actividad que constituye la razón de ser de la explotación.
La nueva figura permitirá ofrecer alojamiento utilizando viviendas y determinadas edificaciones agrarias ya existentes, pero con importantes limitaciones.
Cada explotación podrá disponer de un máximo de seis plazas y estas tendrán que proceder de las bolsas de plazas turísticas existentes. El Govern recalca, por ello, que las agroestancias no supondrán la creación de nuevas plazas turísticas en Baleares.
Con carácter general, podrán acceder a esta modalidad las explotaciones agrarias preferentes que lleven más de cuatro años inscritas y que mantengan una actividad agraria efectiva.
Prioridad para los agricultores en el acceso al agua
Más allá de las viviendas y las agroestancias, la nueva ley busca proporcionar un abanico de herramientas para mejorar la rentabilidad de un sector condicionado por el incremento de los costes y las dificultades para mantener numerosas explotaciones.
Una de ellas afecta al agua. Una vez garantizado el abastecimiento de la población, la actividad agraria tendrá prioridad frente a otros usos del suelo rústico cuando exista competencia para acceder a los recursos hídricos.
El proyecto apuesta además por incrementar el aprovechamiento de agua regenerada para el regadío y facilitar la implantación de energías renovables en las explotaciones como fórmula para reducir sus costes.
Más producto local y venta directa
La norma pretende igualmente que una mayor parte del dinero que paga el consumidor por los alimentos termine en manos del productor. Para ello se facilitará la transformación de productos dentro de las explotaciones y se potenciarán la venta directa y los circuitos cortos de comercialización.
El producto local adquiere también mayor protagonismo. Las administraciones deberán fomentar su consumo y los ayuntamientos tendrán que establecer mecanismos para priorizar su presencia en mercados y ferias.
La contratación pública de alimentos incorporará igualmente criterios destinados a favorecer los productos de proximidad.
El campo como herramienta contra los incendios
El proyecto reconoce como prioritarias la agricultura y ganadería ecológicas, las razas autóctonas y las variedades locales e incorpora la gestión forestal plenamente dentro de los usos agrarios.
El aprovechamiento de la biomasa, la silvopascicultura y la recuperación de cultivos abandonados se plantean también como instrumentos para mantener el territorio gestionado y reducir el riesgo de incendios forestales.
La futura legislación reforzará asimismo el asociacionismo como mecanismo para ganar competitividad, impulsando la cooperación entre explotaciones y el papel de cooperativas, sociedades agrarias de transformación y otras fórmulas asociativas.
Una ley que llega ahora al Parlament
El Govern asegura que el texto culmina prácticamente una legislatura de trabajo y que durante su elaboración se ha mantenido un proceso de diálogo con organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, asociaciones del sector y consells insulars.
El proyecto aprobado por el Consell de Govern será remitido ahora al Parlament balear, donde los grupos políticos podrán presentar sus enmiendas antes de la votación definitiva.
La filosofía que atraviesa el texto es que no todas las explotaciones tienen las mismas necesidades y, por ello, agricultores y ganaderos puedan disponer de diferentes fórmulas para mejorar su rentabilidad. Pero introduce al mismo tiempo un principio especialmente significativo para el futuro del suelo rústico balear: allí donde se permita construir determinadas nuevas viviendas, la edificación deberá contribuir también a mantener vivo y productivo el campo que la rodea.
