El Gobierno central ha comenzado este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados, solicitantes de asilo, desde las Islas Canarias a recursos estatales de protección internacional en la Península. El operativo, sin embargo, está condicionado a la disponibilidad de plazas en los vuelos que conectan ambos territorios.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado que esta primera derivación forma parte del cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a asumir la atención de estos jóvenes con sus propios recursos.
La Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario también ratificó el inicio del proceso, aunque precisó que las salidas previstas para este lunes dependían de la disponibilidad de plazas aéreas. En caso de no poder realizarse, el Gobierno central deberá volver a solicitar la autorización.
Para efectuar la derivación, el Estado debe contar con el visto bueno de Canarias, que mantiene la tutela de los menores. La petición formal se presentó el pasado jueves, pero no fue hasta el viernes por la tarde, a las 18:30 horas, cuando se concretaron la fecha de salida, el destino de cada joven y las personas encargadas de su acompañamiento. Esta demora generó dudas en la administración autonómica sobre la viabilidad de iniciar el traslado en la fecha prevista.
Finalmente, el operativo incluye a diez menores —en un principio se preveía que fueran ocho— que viajan acompañados por personal de entidades colaboradoras y profesionales designados por la Secretaría de Estado de Migraciones.
El Gobierno central y el Ejecutivo canario celebran cada martes una reunión interadministrativa para coordinar estos traslados. La previsión es que, tras esta primera experiencia, se realicen dos derivaciones semanales con grupos de entre 15 y 20 jóvenes.







