El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nuevo decreto ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos en las Illes Balears, un texto que llega pactado con Vox después de que esta formación rechazara la versión anterior en el Parlament el pasado 30 de septiembre. El Ejecutivo autonómico da así por garantizada su convalidación al eliminar las principales discrepancias, especialmente la tramitación exprés de proyectos de energías renovables en suelo rústico.
El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado en rueda de prensa que el documento es «prácticamente el mismo» que el aprobado hace tres meses, aunque incorpora «modificaciones puntuales» fruto de la negociación con el socio parlamentario del PP. El acuerdo permite desbloquear una norma clave para la aceleración de iniciativas empresariales y públicas consideradas estratégicas para la transformación económica del archipiélago.
Vox logra la eliminación de las ZIAE y frena la vía rápida para renovables
El nuevo texto suprime, a petición de Vox, las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE), así como las modificaciones previstas en la Ley de Carreteras y en la Ley de Cambio Climático que figuraban en el primer decreto. La formación considera que estos cambios podían derivar en una «desregulación encubierta» que facilitara la instalación masiva de plantas solares en suelo rústico.
“Hemos evitado que Balears acabe como Andalucía, donde el Gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares”, ha afirmado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, que ha reivindicado la supresión de las ZIAE como una “victoria decisiva” en defensa del campo balear.
Con la nueva versión, los proyectos de energías renovables deberán tramitarse exclusivamente por el procedimiento ordinario, sin las facilidades previstas inicialmente.
Recuperación de los Proyectos de Especial Interés Estratégico
Más allá de las modificaciones en materia energética, el decreto consolida la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), diseñada para agilizar, simplificar y acompañar iniciativas públicas y privadas consideradas relevantes para el desarrollo económico de las Islas. Los PEIE disfrutarán de tramitación preferente, reducción de plazos, ventanilla única y apoyo técnico especializado.
La norma regula también la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. Este organismo actuará como interlocutor único para los promotores, coordinará trámites entre administraciones y realizará seguimiento continuo de los proyectos declarados PEIE.
Además, los promotores con proyectos aún en fase temprana tendrán acceso a un servicio de asesoramiento sobre incentivos, financiación y necesidades técnicas.
Cómo se obtendrá la declaración de PEIE
Un proyecto privado podrá obtener la declaración de PEIE mediante dos vías. La primera exige cumplir criterios mínimos de inversión, desde 0,5 millones de euros en el ámbito agrario; 3 millones en innovación, salud, educación o ciclo del agua o 10 millones en el resto de sectores.
También podrá lograrse por criterios laborales, como la creación de entre cinco y veinte empleos estables o el mantenimiento de al menos veinticinco puestos de trabajo en riesgo.
La segunda vía permitirá declarar PEIE a proyectos sin umbrales económicos o laborales previos, siempre que acrediten un impacto transformador en el modelo productivo, contribuyan a la diversificación económica o generen un efecto social significativo. En estos casos, la conselleria sectorial deberá avalar su carácter estratégico.
Residuos de Ibiza y aplicación al sector público
El decreto mantiene la cobertura legal que permitirá activar de forma inmediata el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, un procedimiento que el Govern considera urgente para garantizar la gestión insular.
También unifica la regulación vigente en el sector público y elimina la caducidad de dos años para la declaración PEIE. La norma se extenderá a todo el sector público autonómico e insular, incluidas fundaciones, y permitirá que ayuntamientos —no solo Palma e Ibiza— soliciten PEIE para inversiones en ciclo del agua, energía o residuos.
Incluso la Administración General del Estado podrá instar la declaración a través de la conselleria competente.
La CAPE evaluará y supervisará los proyectos
La Comisión para la Aceleración de Proyectos Estratégicos (CAPE) será el órgano responsable de evaluar las propuestas privadas que aspiren a la declaración de PEIE. Estará presidida por el conseller responsable de inversiones estratégicas e integrada por representantes de las direcciones generales y administraciones implicadas.
Según el Govern, la CAPE velará por el avance de los proyectos, identificará obstáculos administrativos y propondrá mejoras para agilizar procedimientos.







