El Govern balear recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para activar un proceso extraordinario de regularización de migrantes en situación administrativa irregular. El Ejecutivo autonómico solicitará además la suspensión cautelar de la medida, al considerar que carece de garantías y puede tener un impacto directo en las comunidades.
La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha confirmado la impugnación, que se formalizará una vez el texto sea publicado en el BOE y analizado por la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
La decisión se produce después de que el portavoz del Govern, Antoni Costa, evitara la pasada semana avanzar si Balears seguiría la vía judicial abierta por la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo autonómico sostiene que ya existe un procedimiento ordinario de regularización “con todas las garantías”, a diferencia del nuevo mecanismo aprobado por el Gobierno central.
“Una cortina de humo”
La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, ha avanzado que el recurso se dirigirá al Tribunal Supremo y que incluirá la petición de suspensión cautelar. En declaraciones en el Parlament, ha señalado que la medida responde más a “una cortina de humo” que a una reflexión profunda.
“En el día a día vemos las consecuencias de decisiones que muchas veces no están bien pensadas”, ha afirmado Estarellas, quien no ha concretado si el Consell de Govern autorizará este viernes la interposición del recurso o si se retrasará a la próxima semana. “No hace falta correr”, ha añadido.
Más de 30.000 posibles beneficiarios en Balears
El Govern cifra en al menos 30.000 las personas que podrían beneficiarse de esta regularización extraordinaria en el archipiélago, una estimación basada en consultas a distintos consulados. De ellas, unas 6.000 serían de nacionalidad marroquí.
La consellera ha cuestionado las cifras ofrecidas previamente por la Delegación del Gobierno, que situaban en 10.800 los potenciales beneficiarios en Balears. “El Gobierno no lo sabe”, ha señalado, advirtiendo de que la falta de datos precisos impide evaluar el impacto real de la medida.
Estarellas ha alertado también de que esta iniciativa puede generar un “efecto llamada” y suponer un coste adicional para las comunidades autónomas, rechazando así el argumento del Ejecutivo central de que no tendrá repercusiones significativas.
El Gobierno central defiende la medida como un “hito social”
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy este real decreto para permitir la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de migrantes en toda España. Entre los requisitos, se exige carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública.
Esta regularización está dirigida a personas:
✅ Que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026.
✅ Que hayan permanecido durante 5 meses de forma ininterrumpida.
✅ Carezcan de antecedentes penales y no sean amenaza para el orden, la seguridad o salud pública. pic.twitter.com/544A3hRSx4
— La Moncloa (@desdelamoncloa) April 14, 2026
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida como “un acto de coherencia ética y de justicia social” y uno de los principales hitos de la legislatura.
Según ha explicado, los interesados podrán iniciar los trámites a partir del 16 de abril de forma telemática, mientras que las solicitudes presenciales podrán formalizarse desde el día 20.
