El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con 7.000 millones para vivienda pública, alquiler y rehabilitación

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Isabel Rodríguez, ministra de vivienda.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una iniciativa dotada con 7.000 millones de euros que busca impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial y nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y la emancipación juvenil.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido tras la reunión del Ejecutivo que el objetivo es garantizar que la inversión pública se destine al derecho a la vivienda y no a la especulación.

Según ha explicado, el plan pone el foco especialmente en jóvenes y colectivos vulnerables, y nace bajo el marco de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Reparto del presupuesto

Del total de la inversión prevista, el 40% se destinará a aumentar de forma permanente la oferta de vivienda protegida, otro 30% irá dirigido a la rehabilitación del parque residencial existente y el 30% restante financiará ayudas al alquiler, medidas de emancipación juvenil, reducción del esfuerzo económico de los hogares e intervención en zonas tensionadas.

El Estado asumirá el 60% de la financiación, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante.

No obstante, el Gobierno ha anunciado que durante este año la Administración General del Estado adelantará todo el esfuerzo presupuestario necesario para facilitar la puesta en marcha del plan en el segundo semestre y evitar retrasos en su aplicación.

Más control y transparencia

Entre las novedades, el plan incorpora una cláusula para garantizar que los procesos de adjudicación de vivienda pública se desarrollen mediante criterios objetivos, transparentes y públicos.

La medida llega después de las polémicas generadas en algunos municipios por los sistemas de acceso a promociones de vivienda protegida.

Rodríguez ha defendido que el acceso a una vivienda asequible “no puede funcionar como si fueran entradas para un concierto”, sino como un derecho que debe estar respaldado por mecanismos públicos y transparentes.

Tres ejes: construir, rehabilitar y proteger

El Ejecutivo estructura el nuevo plan en tres grandes objetivos: construir más vivienda pública y protegida, Rehabilitar viviendas ya existentes y proteger el uso social de la vivienda financiada con fondos públicos.

En este sentido, el Gobierno plantea blindar la vivienda pública para impedir operaciones especulativas futuras y garantizar que las promociones sufragadas con dinero público mantengan siempre su función social.

Además, se prevé publicar datos oficiales sobre el mercado de la vivienda y establecer mecanismos de seguimiento semestral sobre la ejecución del plan.

Seguimiento anual y calendario

El Consejo Asesor de Vivienda evaluará anualmente el grado de cumplimiento del programa.

Tras la aprobación de este martes, el Ejecutivo prevé celebrar durante abril reuniones técnicas bilaterales con las comunidades autónomas para redactar convenios de aplicación, mientras que en mayo convocará una conferencia sectorial para distribuir territorialmente los fondos.

La intención del Gobierno es que el plan empiece a desplegar sus principales medidas a partir del segundo semestre de 2026.

Distribución por comunidades

En términos absolutos, Andalucía será la comunidad con mayor asignación, con 1.197 millones de euros. Le siguen Comunidad de Madrid, con 1.113 millones, y Cataluña, con 1.015 millones.

En el caso de Islas Baleares, la dotación prevista asciende a 168 millones de euros, lo que supone un incremento de 123 millones respecto al plan anterior.

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