Más de la mitad del alumnado del CEIP Son Pisà de Palma no ha acudido este jueves a clase como medida de protesta ante la incorporación al centro de un profesor condenado por un caso de acoso a un alumno menor de edad ocurrido en 2021.
La jornada ha estado marcada por una elevada inasistencia y por la celebración de un consejo escolar extraordinario convocado para abordar la situación. La protesta llega después de que numerosas familias acordaran iniciar una huelga educativa tras conocer la reincorporación del docente, identificado como Miquel Roldán.
Desde la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) de Mallorca han mostrado su respaldo a las cerca de 200 personas que participaron este miércoles en una reunión celebrada en el centro para valorar nuevas acciones y reclamar más información sobre el caso.
Seguimiento de la huelga educativa
El portavoz de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, explicó que alrededor del 40% del alumnado ya faltó a clase este miércoles, coincidiendo con la convocatoria improvisada de huelga tras la repentina vuelta del profesor.
Las familias acordaron mantener las protestas, en la medida de sus posibilidades, hasta recibir una alternativa o explicaciones por parte de la Conselleria de Educación y Universidades. Además, la Apima y la dirección del centro tienen solicitada una reunión con la administración educativa.
Guerrero también señaló que al consejo escolar extraordinario de este jueves estaba prevista la asistencia del inspector educativo de la zona para responder a las dudas de las familias, que, según afirmó, se encuentran “muy alteradas”.
La postura de la FAPA
Desde la federación consideran que esta persona “no debería dar clases a niños”. También recuerdan que a principios de curso el mismo docente iba a reincorporarse al CEIP Maria Antònia Salvà, pero entonces la Conselleria le exigió previamente una inspección médica.
Finalmente, el profesor solicitó una baja médica y Educación retiró esa exigencia. Guerrero criticó que, al desaparecer ese requisito, la reincorporación se haya producido “como si nada”.
A juicio de la FAPA, esa inspección era “la única herramienta” que permitía mantener al docente alejado de las aulas, por lo que no comparten los argumentos ofrecidos para su retirada.
Educación sostiene que la sentencia no le inhabilita
Por su parte, la Conselleria de Educación y Universidades ha explicado que el docente ocupa desde hace unos días una plaza de interino para cubrir una baja en el centro y que la normativa vigente le ampara, ya que la sentencia no contempla su inhabilitación profesional.
No obstante, el departamento autonómico recuerda que ha impulsado en el Parlament una propuesta de modificación de la legislación estatal de protección a la infancia para impedir que, en casos similares, docentes condenados puedan seguir impartiendo clase.
