El Ministerio del Interior elaboró un dosier con 280 periodistas y tertulianos en el que no se limita a recopilar su trayectoria profesional, sino que incorpora valoraciones sobre sus supuestas afinidades ideológicas. Pese a la controversia que supone que un departamento del Gobierno clasifique políticamente a profesionales de la información, el Ejecutivo ha defendido el fichero alegando que se trata simplemente de un «documento interno de trabajo».
El dosier, desvelado por El Confidencial, consta de 54 páginas y fue confeccionado en 2024 por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. Las fichas incluyen nombres y apellidos, fotografías, cargos, medios en los que trabajan o colaboran, trayectoria profesional y especialización. Pero van un paso más allá: atribuyen a los periodistas determinados perfiles o afinidades políticas.
La elaboración de este tipo de clasificación desde un ministerio abre un serio debate sobre los límites que debe respetar la Administración a la hora de recabar y tratar información sobre quienes ejercen una función esencial de control y fiscalización del poder.
La ideología, bajo la lupa de Interior
La polémica también plantea dudas sobre el encaje del documento en la legislación de protección de datos. El artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) considera las opiniones políticas una categoría especialmente protegida y establece, como regla general, la prohibición de tratar datos personales que las revelen, aunque contempla determinadas excepciones.
El elemento especialmente controvertido no es, por tanto, que el departamento de comunicación conozca qué periodistas siguen habitualmente la actividad de Interior, sino que un organismo dependiente del Gobierno haya incorporado a sus fichas apreciaciones sobre la presunta orientación política de esos profesionales.
La existencia del dosier resulta además difícil de conciliar con el discurso gubernamental en defensa de la libertad de prensa y contra el señalamiento de periodistas. Que una Administración clasifique a informadores en función de supuestas afinidades políticas plantea inevitablemente interrogantes sobre para qué resulta necesario conocer su ideología a la hora de diseñar la estrategia de comunicación de un ministerio.
Marlaska le resta importancia
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trató de rebajar este martes el alcance de la polémica. Durante una visita a Ceuta, aseguró que se trata de «un documento interno de trabajo» cuya finalidad es conocer lo que se dice sobre «la actuación y la actividad del Ministerio» y desarrollar una comunicación «más correcta» y «más eficaz».
Interior ha terminado, no obstante, pidiendo disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos, tanto por el contenido del documento como por «algunas de las valoraciones vertidas».
El Ministerio niega que existiera «ningún afán de perseguir, censurar o boicotear» a los profesionales incluidos en el listado y sostiene que el documento era meramente «consultivo» y carecía de cualquier otro alcance.
El Gobierno cierra filas
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, también defendió el informe tras el Consejo de Ministros y aseguró que su finalidad no era «ni señalar, ni censurar, ni acusar» a medios de comunicación o periodistas.
Una explicación que no despeja la cuestión central de la polémica: por qué el Ministerio del Interior consideró necesario clasificar a cientos de periodistas según sus supuestas afinidades ideológicas para desarrollar su labor de comunicación.
Porque una cosa es elaborar un listado profesional de interlocutores de los medios y otra muy distinta es que una institución del Estado introduzca valoraciones políticas sobre quienes tienen precisamente entre sus funciones informar y fiscalizar al poder.
Para un enfoque todavía más contundente, un titular que puede funcionar muy bien es: «Interior ficha por su ideología a 280 periodistas y el Gobierno lo justifica como un “documento de trabajo”».
Consulta aquí el dosier completo
