ASINEM alerta de que el nuevo decreto de autoconsumo podría reducir el control ciudadano sobre la energía

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Franco Mójer, presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (ASINEM).

La Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (ASINEM) ha advertido de que el borrador del nuevo Real Decreto de autoconsumo impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica podría limitar la participación directa de la ciudadanía en la generación de energía fotovoltaica y reducir su control sobre las instalaciones, favoreciendo un modelo más concentrado en grandes operadores energéticos.

El presidente de la entidad, Franco Mójer, ha señalado que disminuir la implicación de los usuarios en la generación energética “amenaza la titularidad de la ciudadanía y de la industria en los autoconsumos”, así como su capacidad para reducir la factura eléctrica y contribuir a la transición energética.

Entre las principales preocupaciones, ASINEM apunta a la regulación de la figura del gestor de autoconsumo en instalaciones colectivas. El proyecto permite que esta función recaiga en cualquier persona física o jurídica, incluso sin participación en la instalación, lo que, según la asociación, podría debilitar la capacidad de decisión de los propios consumidores. Además, el texto no concreta los procedimientos de designación ni las mayorías necesarias para adoptar decisiones, lo que podría provocar bloqueos en la gestión.

La asociación también advierte de que la redacción permitiría que las instalaciones individuales de autoconsumo sin excedentes fueran titularidad de terceros, lo que podría situar el control de la generación en manos de entidades distintas del consumidor, una situación que consideran contraria al espíritu de las directivas europeas sobre energías renovables y mercado eléctrico, que promueven un papel activo de la ciudadanía.

Pese a estas objeciones, ASINEM valora de forma positiva el objetivo general del decreto, orientado a impulsar la generación distribuida y el despliegue del autoconsumo, aunque reclama ajustes en su redacción para garantizar los derechos de los usuarios.

En esta línea, la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas (FENÍE) ya trasladó la pasada semana al Ministerio su preocupación por el contenido del borrador, una iniciativa a la que ahora se ha sumado la asociación balear.

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