El Tribunal Supremo ha anulado íntegramente el Real Decreto 905/2025, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para endurecer los requisitos de creación y autorización de nuevas universidades en España. La sentencia, dictada por unanimidad el pasado 30 de septiembre, estima el recurso presentado por el Govern de les Illes Balears y concluye que el Ejecutivo central no justificó suficientemente la urgencia con la que tramitó la normativa.
La resolución supone un revés judicial para el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, aunque los magistrados dejan claro que la anulación responde exclusivamente a defectos en el procedimiento de aprobación, sin entrar a valorar el contenido de la reforma ni las exigencias académicas que pretendía introducir.
En concreto, el Supremo considera que el Gobierno no acreditó circunstancias excepcionales que justificaran recurrir a la tramitación urgente y prescindir de la consulta pública previa, un trámite necesario para garantizar la participación en la elaboración de disposiciones normativas.
El Supremo rechaza los argumentos del Gobierno
El Ejecutivo central había defendido la necesidad de acelerar la aprobación del decreto ante el crecimiento de las universidades privadas, la expansión de la enseñanza virtual y su intención de aplicar los nuevos requisitos durante el curso académico 2025-2026.
Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que ninguna de estas circunstancias justificaba la urgencia, puesto que se trataba de tendencias conocidas desde hacía años y no de situaciones extraordinarias o imprevisibles.
Los magistrados también rechazan que el interés del Gobierno por poner en marcha cuanto antes la reforma fuera motivo suficiente para utilizar un procedimiento excepcional.
La sentencia, que impone 6.000 euros en costas a la parte demandada, deja sin efecto la totalidad del decreto aprobado el 7 de octubre de 2025 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.
Una reforma que dificultaba la creación de universidades privadas
El decreto anulado introducía condiciones considerablemente más exigentes para autorizar nuevas universidades, tanto públicas como privadas.
Entre los principales requisitos figuraba la obligación de alcanzar más de 4.500 alumnos matriculados en titulaciones oficiales durante los seis primeros años de actividad, además de ofrecer un mínimo de diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado distribuidos en al menos tres ramas de conocimiento.
La normativa también establecía que las universidades debían destinar al menos un 5 % de su presupuesto a investigación y transferencia de conocimiento, captar financiación externa para I+D+i equivalente al 2 % de su presupuesto anual y contar con un mínimo del 50 % de profesorado doctor en las enseñanzas de grado y máster.
Asimismo, exigía disponer de capacidad de alojamiento para el 10 % del alumnado presencial y reforzaba los controles de las agencias de evaluación de calidad.
Todos estos requisitos quedan sin efecto con la anulación del decreto, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el resto de la legislación universitaria vigente.
Balears y la Universidad de Mallorca, en el centro de la controversia
El recurso presentado por el Govern balear cobra especial relevancia por coincidir la aprobación del decreto con la tramitación de la Universidad de Mallorca (UMAC), el nuevo proyecto universitario privado impulsado por ADEMA.
El expediente de creación de esta universidad comenzó en enero de 2024 y quedó completado el 1 de octubre de 2025, apenas unos días antes de que el Consejo de Ministros aprobara la reforma estatal.
El proyecto ya había obtenido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria antes de la entrada en vigor del decreto, aunque su tramitación estuvo acompañada de controversia política en el Parlament balear.
En noviembre de 2025, durante el debate parlamentario sobre la creación de la UMAC, el PSIB-PSOE advirtió de que vigilaría el cumplimiento de los nuevos requisitos estatales. Finalmente, la Universidad de Mallorca fue reconocida por ley en abril de 2026.
No obstante, la sentencia del Supremo no supone una autorización automática para el inicio de su actividad académica, que continúa condicionada a la aprobación del Consell de Govern y a la comprobación de los requisitos legales y académicos correspondientes.
El Ministerio discrepa y los rectores defienden los controles de calidad
Tras conocerse la resolución judicial, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha manifestado su respeto a la sentencia, aunque ha expresado su desacuerdo con la interpretación del Supremo sobre la urgencia de la reforma.
El departamento de Diana Morant mantiene que la necesidad de reforzar los requisitos para crear universidades «era y sigue siendo clara y urgente», en un sistema universitario español integrado actualmente por 50 universidades públicas y 49 privadas, según los datos aportados por el propio Ministerio.
Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha subrayado que la anulación se produce «por una cuestión de forma, no de fondo» y ha reiterado su defensa de unos estándares exigentes de calidad académica, investigación y profesorado para todas las universidades, independientemente de su titularidad.
La sentencia también afecta a las impugnaciones planteadas contra la misma normativa por la Comunidad de Madrid, el Grupo CEU y varias universidades extranjeras con presencia en España.
Con esta resolución, el Gobierno central deberá iniciar una nueva tramitación si pretende recuperar las exigencias introducidas en octubre de 2025, respetando los procedimientos de participación pública y las garantías legales que, según el Supremo, fueron vulnerados en la aprobación del decreto.







