El Govern de les Illes Balears ha iniciado la tramitación de una nueva orden con la que pretende reducir la burocracia y agilizar los procedimientos administrativos, permitiendo que ciudadanos y empresas puedan iniciar determinadas actividades sin tener que esperar previamente una autorización de la Administración.
La iniciativa forma parte del desarrollo de la Ley 4/2026 y permitirá identificar aquellos procedimientos de la Administración autonómica y de su sector público instrumental en los que sea posible sustituir una autorización previa por una declaración responsable o una comunicación previa.
El cambio supondrá que, siempre que la normativa aplicable lo permita, el interesado podrá comenzar la actividad tras declarar que cumple los requisitos exigidos, sin necesidad de esperar a que la Administración resuelva previamente su solicitud.
Menos documentación
La futura orden también analizará aquellos procedimientos en los que pueda sustituirse parte de la documentación acreditativa que actualmente se exige por una declaración responsable.
En determinados supuestos, esta declaración podrá ir acompañada de la certificación de una entidad colaboradora que acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes. El objetivo es reducir tanto el volumen de documentos que deben aportar particulares y empresas como los tiempos necesarios para tramitar los expedientes.
El Govern pretende trasladar así a otros ámbitos administrativos un sistema similar al de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), concebidas para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas manteniendo las garantías jurídicas y las facultades de supervisión de las administraciones.
«Menos papeleo y menos tiempo de espera»
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que la nueva regulación responde a un principio básico: evitar autorizaciones previas cuando estas no sean imprescindibles.
«Cuando no sea imprescindible una autorización administrativa previa, la Administración debe confiar en la responsabilidad de los ciudadanos y las empresas y comprobar posteriormente que se cumplen los requisitos establecidos», ha señalado Costa.
Según el vicepresidente, el nuevo modelo permitirá reducir los plazos de determinados procedimientos y evitar que ciudadanos y empresas tengan que presentar documentación que resulte innecesaria o pueda ser sustituida por una declaración responsable.
El control será posterior
La futura orden no modificará automáticamente los procedimientos administrativos existentes. Su función será identificar progresivamente y caso por caso cuáles pueden acogerse a estos mecanismos de simplificación, contando para ello con los departamentos responsables de cada materia.
El análisis tendrá en cuenta la legislación europea y estatal y, según señala el Govern, deberá garantizar que la reducción de trámites no perjudique la protección del interés general ni las garantías jurídicas.
La implantación de declaraciones responsables tampoco supondrá la desaparición del control administrativo. Lo que cambiará será, fundamentalmente, el momento en el que se realiza la comprobación.
En lugar de exigir sistemáticamente una autorización antes de comenzar una actividad, la Administración podrá realizar posteriormente las actuaciones de verificación, inspección y control necesarias para comprobar que se cumplen las condiciones declaradas.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico pretende avanzar hacia una Administración con «menos papeles, menos esperas», trasladando la simplificación administrativa al funcionamiento cotidiano de ciudadanos, autónomos y empresas.
