La Policía Nacional ha desarticulado en Mallorca una presunta trama de explotación laboral que operaba a través de una empresa en la que, supuestamente, se vulneraban de forma sistemática los derechos de trabajadores en situación administrativa irregular. La investigación se ha saldado con la detención de tres hombres, acusados de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
Las pesquisas, desarrolladas por agentes del Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, comenzaron el pasado mes de junio tras la denuncia presentada por uno de los empleados. El trabajador aseguró que, después de sufrir un accidente laboral y permanecer de baja médica, comenzó a recibir presiones y amenazas por parte de los responsables de la empresa para reincorporarse a su puesto.
Según la investigación, al negarse debido a sus lesiones, los responsables habrían organizado un seguimiento sobre él. El denunciante detectó que un hombre permanecía vigilando su domicilio y grabándolo con un teléfono móvil, a quien identificó como un conocido del propietario de la empresa. Poco después, descubrió un dispositivo GPS oculto bajo el chasis de su vehículo, presuntamente instalado para controlar sus movimientos.
Durante la investigación, los agentes recabaron el testimonio de otros trabajadores y reconstruyeron las condiciones laborales de la plantilla. Según la Policía, la empresa establecía dos categorías de empleados: quienes disponían de permiso de residencia y trabajo y quienes carecían de documentación. Solo los primeros disfrutaban de derechos como vacaciones retribuidas o indemnización por fin de contrato.
Los trabajadores en situación irregular, por el contrario, eran destinados a las tareas más exigentes físicamente, sin formación específica ni medidas de seguridad adecuadas. Además, presuntamente se les obligaba a conducir vehículos de la empresa pese a no disponer de un permiso válido en España, bajo la amenaza de perder el empleo si se negaban.
La investigación también apunta a que la empresa eliminaba residuos, incluidos algunos productos químicos, depositándolos en contenedores de la vía pública sin seguir los protocolos establecidos.
La empresa llegó a emplear a una veintena de trabajadores, la mayoría de origen latinoamericano. Hasta el momento, la Policía Nacional ha identificado a cinco víctimas de explotación laboral.
En el marco de la operación, agentes de la UCRIF y subinspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizaron tres inspecciones en las instalaciones de la empresa, donde identificaron a siete empleados: tres de ellos se encontraban en situación administrativa irregular y otros cuatro tenían la documentación en regla.
La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones conforme avancen las diligencias.
