El Consell intensifica la lucha contra la oferta turística ilegal con 146 expedientes y 4,3 millones en sanciones hasta julio

CM 40 MAS

El Consell de Mallorca ha intensificado durante 2026 la lucha contra la oferta turística ilegal. Entre enero y julio, el Departamento de Turismo ha iniciado 146 expedientes sancionadores, con propuestas de sanción que alcanzan en conjunto los 4.373.415 euros.

El conseller de Turismo, Guillem Ginard, acompañado por el nuevo director insular para la Oferta y la Calidad, Pedro Rosselló, ha presentado este martes el balance de las actuaciones desarrolladas hasta julio. Los datos reflejan un notable incremento de la actividad inspectora y sancionadora.

Los 146 expedientes abiertos durante los primeros siete meses del año suponen 42 más que los 104 iniciados durante todo 2025, lo que representa un incremento del 40%. Además, hasta julio se habían resuelto 61 expedientes, 36 de ellos correspondientes a infracciones muy graves y 25 a graves, con sanciones impuestas por un importe superior a 2,1 millones de euros.

54 órdenes de cese con el nuevo protocolo DIA

Una de las principales novedades de la estrategia contra la oferta ilegal es la puesta en marcha, el pasado mes de enero, del protocolo DIA, correspondiente a la Declaración de Ilegalidad de la Actividad.

Desde su implantación se han iniciado 60 procedimientos, de los cuales 54 ya han sido resueltos y todos ellos han concluido con una orden de cese de la actividad ilegal.

Este mecanismo pretende acelerar la retirada de anuncios de alojamientos turísticos ilegales de las plataformas digitales. Una vez detectada una oferta irregular, se comunica al propietario que debe cesar la actividad y retirar los anuncios. Si no lo hace en un plazo de diez días, la Administración puede comenzar a imponer medidas coercitivas en forma de multas y, si persiste el incumplimiento, trasladar el caso a la Fiscalía.

Ginard ha subrayado que el principal objetivo es conseguir que los anuncios desaparezcan cuanto antes. «Nuestra prioridad es clara y contundente: conseguir la retirada, lo antes posible, del anuncio que publicita un alojamiento turístico ilegal en Mallorca», ha señalado.

El conseller ha insistido además en que «en Mallorca no hay lugar para la oferta turística ilegal» y ha defendido la necesidad de evitar que quienes incumplen las normas compitan en igualdad de condiciones con los establecimientos y propietarios que desarrollan su actividad legalmente.

La normativa aprobada en 2025 endureció las sanciones por alquiler turístico ilegal, que pueden oscilar actualmente entre los 50.000 y los 500.000 euros, con un objetivo principalmente disuasorio.

Más de 1.500 salidas de inspección

Paralelamente, el Consell mantiene por tercer año consecutivo su campaña intensiva de inspección durante la temporada de mayor actividad turística, que se desarrolla entre el 15 de mayo y el 15 de noviembre.

Hasta julio se habían realizado 1.546 salidas de inspección contra la oferta ilegal. Las actuaciones incluyen controles sobre establecimientos que no han operado durante los últimos cinco años, comprobaciones de las declaraciones responsables de inicio de actividad turística (DRIAT), inspecciones sobre comercialización irregular de estancias turísticas en viviendas y vigilancia de posibles casos de sobreocupación o relacionados con el denominado turismo de excesos.

El Departamento de Turismo también ha reforzado este año las inspecciones sobre la actividad de los guías turísticos, una reivindicación histórica del sector, y prevé incrementar los controles relacionados con el cumplimiento de la obligación de incorporar producto local.

Denuncias ciudadanas

El Consell recuerda además que mantiene abierto su canal oficial para que los ciudadanos comuniquen posibles casos de oferta turística ilegal. Todas las denuncias recibidas son objeto de inspección por parte del Departamento de Turismo.

Durante 2025 se registraron 450 denuncias ciudadanas a través de este canal. Desde la institución insisten en que la lucha contra la oferta ilegal seguirá siendo una de las prioridades del departamento para garantizar un modelo turístico ordenado y proteger tanto a residentes y visitantes como a los empresarios que cumplen con la normativa.

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