La subida del nivel del mar amenaza con transformar de forma irreversible buena parte del litoral balear durante las próximas décadas. Así lo sostiene Greenpeace en su informe Destrucción a Toda Costa 2026, en el que advierte de que, si se cumplen las proyecciones científicas actuales, 42 zonas residenciales del archipiélago podrían enfrentarse a un grave riesgo de inundación antes de finales de siglo.
El estudio señala que el nivel del Mediterráneo podría elevarse entre 55,2 y 76,5 centímetros, un escenario que provocaría un retroceso de las playas de entre 7 y 50 metros, reduciría aproximadamente a la mitad su superficie y pondría en peligro infraestructuras situadas en primera línea de costa.
Cala Millor, el punto más vulnerable
Greenpeace identifica la bahía de Cala Millor, en Mallorca, como el enclave más preocupante del archipiélago. Según el informe, dos de los 2,5 kilómetros de playa están ocupados por establecimientos hoteleros levantados sobre antiguas lagunas litorales.
La organización ecologista alerta de que la playa podría perder hasta un 57 % de su superficie, mientras que en la zona de sa Punta de n’Amer la reducción alcanzaría el 95 % a finales de siglo. Además, advierte de que el ascenso del nivel freático ya obliga a algunos hoteles a bombear agua para evitar inundaciones en sus sótanos.
Más de 40 zonas en riesgo
En Mallorca, el informe sitúa entre las áreas más expuestas a futuras inundaciones Port de Pollença, S’Albufereta y Es Barcarès (Alcúdia), la franja costera entre Alcúdia, Muro y Santa Margalida, Son Serra de Marina, Barranc de sa Canova y Cala Sant Pere (Artà), Cala Pedruscada y las playas de Canyamel (Capdepera), Port Vell y el tramo entre Cala Bona y Cala Millor (Son Servera), Colònia de Sant Jordi, Port de Campos-sa Ràpita, Playa de Palma, Es Molinar, Port de Sóller, El Mollet (Pollença), S’Illot y Portocolom.
En Menorca, las zonas señaladas son Na Macaret, Es Grau, Sa Mesquida, Binissafúller, Ciutadella y Cala Galdana. En Ibiza, Greenpeace incluye Eivissa, Port des Torrent, Platja d’en Bossa, Ses Figueretes y Sant Antoni de Portmany, mientras que en Formentera considera especialmente vulnerable el entorno del Puerto de la Savina.
Críticas a la política de costas
Más allá de los efectos del cambio climático, Greenpeace denuncia que la presión urbanística continúa agravando la vulnerabilidad del litoral.
El informe cuestiona la modificación de la Ley de Puertos, al considerar que amplía las concesiones hasta los 75 años, facilita nuevas actuaciones en el dominio portuario y favorece usos turísticos y comerciales en primera línea de costa.
También critica la Ley del Litoral de Baleares, aprobada en 2023 y actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central, al entender que prioriza la continuidad de determinados establecimientos turísticos frente a la recuperación natural de las playas como barrera frente a los temporales.
«Se habla de defender el patrimonio para mantener edificaciones en zonas de riesgo, pero el mar y el cambio climático no entienden de excepciones administrativas», sostiene la organización ecologista.
Iniciativas positivas
Pese al diagnóstico general, Greenpeace destaca algunas iniciativas que considera modélicas. En Mallorca pone como ejemplo el proyecto de Cala Millor, que prevé el retranqueo de 18 metros del paseo marítimo para favorecer la recuperación del sistema dunar y reforzar la protección natural de la playa.
En Formentera también reconoce dos actuaciones: la reducción de los fondeos sobre las praderas de posidonia mediante la instalación de campos de boyas ecológicas y las limitaciones de acceso a espacios sensibles como Cap de Barbaria, Caló des Mort y Es Ram, con el objetivo de preservar el sistema dunar.
Adaptación frente al cambio climático
Greenpeace concluye que el litoral balear «no sobrevivirá» al impacto del cambio climático si no se impulsan medidas de adaptación basadas en soluciones naturales y una retirada progresiva de las infraestructuras más expuestas.
La organización considera que seguir invirtiendo en regeneraciones artificiales de arena resulta «económicamente inviable» y reclama que la planificación futura de la costa se apoye en criterios científicos y en la participación social, dejando al margen los intereses políticos a corto plazo.
