El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado marcha atrás y retirará el veto a la proposición de ley balear de cogestión aeroportuaria, lo que permitirá que la iniciativa aprobada por el Parlament continúe su tramitación en el Congreso de los Diputados. El cambio de posición ha sido anunciado este martes por el diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, después de varios días de polémica por la decisión inicial de Moncloa de bloquear la propuesta alegando su posible impacto sobre los ingresos de Aena y, por extensión, sobre las cuentas del Estado.
La retirada del veto despeja uno de los principales obstáculos para que el Congreso pueda debatir una iniciativa que persigue incrementar la capacidad de decisión de las instituciones baleares sobre los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca, especialmente en cuestiones relacionadas con la planificación, las infraestructuras y la evolución del tráfico aéreo.
Més y el PSOE se atribuyen el giro
El cambio de criterio de Moncloa ha abierto también una pugna sobre quién ha conseguido desbloquear la iniciativa. Vicenç Vidal ha atribuido la rectificación a la presión ejercida por Més en Madrid y a las negociaciones desarrolladas durante los últimos días. Según la formación ecosoberanista, las gestiones habrían contado con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ante el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Esquivam el vet i marcam un gol però el lobby AENA-PPSOE farà lo impossible perquè la cogestió aeroportuària no prosperi.
En tot cas avui les Illes Balears guanyen perquè @MESperMallorca
i @MesperMenorca hi som i hem apretat mitjantçant aliats https://t.co/iEx51Y9pxw— Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) September 8, 2026
«Hemos conseguido que el Gobierno retire el veto a la ley de cogestión, una ley impulsada por Més per Mallorca y Més per Menorca, trascendental para nuestro futuro», ha celebrado Vidal, quien ha reivindicado que Balears pueda «tener las llaves de nuestra casa».
Fuentes socialistas, sin embargo, atribuyen un papel determinante a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien habría trasladado al Gobierno la relevancia de la propuesta para Balears y la conveniencia de permitir su debate en las Cortes, pese a que el PSIB no respaldó la iniciativa cuando fue votada en el Parlament.
La decisión de Moncloa evita, además, que la Mesa del Congreso tenga que pronunciarse sobre el veto. PP y Sumar disponían de una mayoría suficiente para levantarlo independientemente de la posición de los representantes socialistas.
Una ley aprobada por PP y Més en Baleares
La proposición de ley fue impulsada inicialmente por Més per Mallorca y Més per Menorca y posteriormente negociada con el PP durante su tramitación autonómica.
El texto salió adelante en el Parlament el pasado 28 de abril con los votos de PP, Més per Mallorca, Més per Menorca y diputados no adscritos. PSIB y Unidas Podemos se abstuvieron, mientras que Vox votó en contra.
La propuesta no plantea el traspaso de la titularidad de los aeropuertos a la Comunidad Autónoma, pero sí pretende reforzar la participación de Baleares en su gestión y otorgar mayor peso al Govern, los consells y los ayuntamientos en las decisiones aeroportuarias.
Entre las cuestiones de mayor alcance se encuentra la posibilidad de aumentar la capacidad de influencia de las instituciones de las Islas sobre la evolución del tráfico aéreo y medidas relacionadas con un eventual techo de vuelos.
El argumento económico de Moncloa
El Gobierno había justificado inicialmente su veto por las consecuencias presupuestarias que, a su juicio, podría tener la aplicación de la norma. En el informe remitido al Congreso, el Ejecutivo advertía de una posible reducción de los ingresos de Aena derivada tanto de una contención del crecimiento del número de pasajeros como de las decisiones sobre las tarifas aeroportuarias.
Según los cálculos de Moncloa, mantener una tarifa media de 10,35 euros por pasajero, frente a los 11,02 euros aprobados para 2026, supondría que Aena dejara de ingresar alrededor de 32,85 millones de euros. Además, una eventual congelación del tráfico en los 47,2 millones de pasajeros registrados en 2025, frente a los 49 millones previstos para este año, supondría otros 20,55 millones menos de ingresos.
El Ejecutivo defendía igualmente el actual modelo de gestión conjunta de la red de Aena y planteaba dudas sobre el encaje constitucional de algunos aspectos de la propuesta.
La batalla se traslada ahora al Congreso
El veto había provocado fuertes críticas tanto del Govern de Marga Prohens como de los partidos ecosoberanistas. La presidenta balear cuestionó especialmente que el Gobierno central utilizara como argumento las posibles pérdidas económicas derivadas de contener el crecimiento aeroportuario mientras reclama a Baleares actuaciones para afrontar la saturación turística.
La retirada del veto no implica que la ley vaya a ser aprobada, pero sí garantiza que podrá iniciar su recorrido parlamentario en Madrid.
Superado el bloqueo inicial de Moncloa, la batalla política se traslada ahora al Congreso, donde deberá comprobarse si existe una mayoría suficiente para sacar adelante un modelo que otorgue a Baleares una mayor capacidad de intervención en las decisiones sobre sus aeropuertos.
